En un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei oficializó la confidencialidad de la adquisición de un sistema antidrones, una medida que busca reforzar la seguridad interna del país. El Decreto 21/2025, firmado por el presidente y el Ministerio de Seguridad, argumenta que los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos popularmente como drones, representan una amenaza potencial para la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos.
La decisión se fundamenta en el creciente uso de drones con fines ilícitos, desde actividades delictivas en cárceles hasta amenazas de naturaleza terrorista. Según el texto, estos dispositivos destacan por su portabilidad, simplicidad operativa y capacidad de alcance, factores que los convierten en herramientas peligrosas en manos equivocadas.
Entre los riesgos mencionados en el decreto se incluyen el transporte de objetos ilegales dentro de prisiones, ataques con explosivos y facilitación de fugas. En respuesta, el Ministerio de Seguridad subrayó la necesidad de implementar tecnología avanzada capaz de detectar y neutralizar estas amenazas.
Confidencialidad y estrategia
El Gobierno justificó la confidencialidad de la compra para evitar que se divulguen detalles técnicos que podrían ser utilizados por organizaciones delictivas para vulnerar los sistemas antidrones. «La preservación de esta información es esencial para garantizar la efectividad de la tecnología y evitar que se adapten métodos que contrarresten su funcionamiento», afirma el documento.
La adquisición no solo implica la compra de equipos, sino también la capacitación de fuerzas de seguridad, como la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Un paso hacia la seguridad interna
Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad, destacó la urgencia de esta medida para enfrentar las modalidades delictivas que emplean drones. «Es indispensable garantizar herramientas tecnológicas que protejan a la ciudadanía y las infraestructuras estratégicas del país», señaló.
La Secretaría de Coordinación Administrativa será la encargada de llevar adelante los procedimientos necesarios para implementar esta medida, asegurando su cumplimiento conforme a la legislación vigente.
Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza su postura de priorizar la seguridad nacional en un contexto donde las tecnologías emergentes representan tanto avances como desafíos para el control del delito.