A través del Decreto 332/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno oficializó la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que había sido creada para analizar posibles delitos relacionados con la criptomoneda $LIBRA.
$LIBRA: de boom a colapso en cuestión de días
La criptomoneda $LIBRA cobró notoriedad el 14 de febrero de 2025, cuando fue promocionada por el propio presidente Milei en sus redes sociales. La mención presidencial provocó un repunte meteórico en su valor, que pasó de ser prácticamente nulo a superar los 5 dólares en pocas horas, impulsado por la especulación del mercado y el aparente respaldo oficial.
No obstante, el entusiasmo duró poco. A los pocos días, los desarrolladores del proyecto se retiraron sin previo aviso y el valor del token se desplomó, generando fuertes pérdidas para miles de inversores. Especialistas en el ecosistema cripto señalaron que el caso podría tratarse de un “rug pull”, un tipo de estafa en la que los promotores de un proyecto abandonan repentinamente la iniciativa tras captar fondos.
El cierre de la investigación y las críticas
La UTI fue creada mediante el Decreto 114/2025 con el objetivo de investigar si hubo fraude, lavado de dinero o responsabilidad estatal en el desarrollo y caída de $LIBRA. Estaba integrada por expertos en finanzas, criptomonedas y delitos económicos.
Según el Gobierno, la unidad ya cumplió su misión al entregar toda la información recolectada al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, no se han publicado informes oficiales ni se han identificado públicamente a los responsables del proyecto, lo que ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos, judiciales y del ámbito financiero.
Críticos de la medida afirman que el cierre prematuro de la unidad deja muchas preguntas sin responder y alimenta las sospechas sobre la transparencia del manejo estatal en el episodio $LIBRA.
