Con el objetivo de incentivar la repatriación de ahorros no declarados y fomentar la inversión en la economía real, el Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de proyectos de ley orientados a facilitar la integración de los llamados “dólares del colchón” al circuito formal. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien explicó que la iniciativa busca brindar seguridad jurídica a los ahorristas y eliminar el temor a sanciones retroactivas.

El proyecto plantea modificaciones en la legislación vigente sobre delitos económicos, incluyendo ajustes en los montos establecidos por la Ley Penal Económica y cambios en los plazos de prescripción de determinadas infracciones. Según Francos, la intención es permitir que quienes guardaron dólares fuera del sistema bancario puedan utilizarlos legalmente, sin exponerse a persecuciones judiciales por normativas anteriores.

“Queremos proteger los ahorros de los argentinos y que esos fondos se vuelquen a la actividad económica para generar crecimiento”, afirmó el funcionario. En sus declaraciones, reconoció que la desconfianza en el sistema financiero y la volatilidad económica llevaron a millones de argentinos a conservar sus reservas en efectivo, fuera del circuito formal.

Francos evitó brindar detalles específicos del articulado, pero sostuvo que la propuesta se enfocará en facilitar la inversión, el consumo y la actividad privada, sin necesidad de incrementar la presión impositiva ni recurrir a la emisión monetaria.

El jefe de Gabinete insistió en que el presidente Javier Milei mantendrá su compromiso con el equilibrio fiscal, y advirtió que cualquier proyecto que implique un gasto sin financiamiento será vetado. En este sentido, aseguró que la regularización de capitales puede ser una herramienta clave para movilizar recursos genuinos y generar impacto positivo en la economía.

“Muchos de estos ahorristas no son evasores ni delincuentes, simplemente buscaron preservar su patrimonio ante años de inestabilidad. Esta ley apunta a reconocer esa realidad y ofrecer un marco legal que impulse la inversión sin romper el equilibrio económico”, concluyó.