En medio de idas y vueltas legislativas, el Poder Ejecutivo de Tucumán decidió prorrogar por decreto la alícuota reducida del 1,5% de Ingresos Brutos para los prestadores turísticos y gastronómicos inscriptos en el Registro del Ente Tucumán Turismo. La medida regirá hasta el 31 de mayo de 2026, tras el vencimiento inminente del beneficio otorgado originalmente en 2023. El tema se volvió motivo de debate luego de que la Legislatura aprobara por unanimidad, el 24 de abril, un proyecto impulsado por el legislador Hugo Ledesma que buscaba establecer el beneficio de manera indefinida. Sin embargo, el 14 de mayo, el gobernador Osvaldo Jaldo vetó la iniciativa mediante el Decreto N° 1105/3, con el argumento de que los beneficios tributarios no deben tener vigencia permanente, tal como lo había advertido la Dirección General de Rentas. El veto generó críticas desde distintos sectores políticos. Silvia Elías de Pérez sostuvo que “al gobierno no le importa el turismo”, mientras que Claudio Viña consideró que se trataba de una “mala decisión sin fundamentos sólidos” y cuestionó la falta de previsibilidad tributaria. Ante la cercanía del vencimiento del decreto original, el Ejecutivo resolvió emitir el 30 de mayo el Decreto N° 1389/3 para asegurar la continuidad del beneficio por un año más. Además, el 5 de junio se presentó un nuevo proyecto de ley que establece como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2030. Sin embargo, debido a disposiciones constitucionales, el proyecto no podrá ser tratado en lo que resta del año, ya que la temática fue objeto de un veto previo. Desde el Ministerio de Economía y Producción, Daniel Abad ratificó que el beneficio está vigente y que el Gobierno apoya al sector turístico. No obstante, el legislador Viña advirtió que el nuevo proyecto enviado por el Ejecutivo es prácticamente idéntico al que fue vetado, y lamentó que la normativa no pueda ser debatida nuevamente este año. Algunos juristas interpretan que, como el veto no incluyó la fórmula de “veto total”, podría existir una vía legal para retomar el tratamiento parlamentario antes de 2026, aunque eso está aún por definirse.