El Juzgado Civil y Comercial otorgó una medida cautelar solicitada por la Cooperativa, suspendiendo el proceso de expropiación. El municipio buscará revertir la decisión.

La expropiación del inmueble de la escuela Gabriela Mistral, dispuesta por la ordenanza N° 5.390 del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, ha quedado suspendida temporalmente por decisión del Juzgado Civil y Comercial Común. La medida cautelar fue presentada por la Cooperativa de Servicios Educativos y Servicios Sociales, que cuestiona la constitucionalidad de la normativa y el procedimiento expropiatorio.

El juez Pedro Esteban Yane Mana argumentó que la suspensión era necesaria para garantizar una tutela judicial efectiva, evitando que una sentencia definitiva quede sin efecto práctico por los plazos involucrados. El proceso de expropiación, iniciado mediante el decreto municipal N° 1054, queda así paralizado hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la causa principal.

Un conflicto de fondo

La Cooperativa, presidida por Claudia Elizabeth Lobos, sostiene que la ordenanza es inválida y que la declaración de utilidad pública realizada por el municipio carece de fundamentos sólidos. Alega además que el Concejo Deliberante no tiene potestad para decidir expropiaciones, competencia exclusiva de la Legislatura provincial.

La Fiscalía Municipal, por su parte, ha anunciado que presentará un recurso de revocatoria contra la medida cautelar. El fiscal Conrado Mosqueira argumentó que el municipio no fue consultado antes de otorgar la cautelar, lo que considera un incumplimiento del artículo 21 del Código Procesal Constitucional.

Clases garantizadas

A pesar de la suspensión del proceso expropiatorio, el municipio aseguró que el inicio del ciclo lectivo 2025 está garantizado para los más de 700 alumnos que asisten al establecimiento. Mosqueira enfatizó que el convenio entre la Cooperativa y el municipio venció el 31 de diciembre de 2024, y desde entonces la administración de la escuela ha sido exclusivamente municipal.

“El inmueble no ha sido devuelto a la Cooperativa. La suspensión del proceso de expropiación no afecta las obras de acondicionamiento ni el funcionamiento educativo”, aseguró Mosqueira.

Reacciones políticas y sociales

La expropiación ha generado polémica en diversos sectores. El legislador Walter Berarducci calificó la medida como:

“un atropello a las leyes provinciales, a la propiedad privada y a la educación pública municipal”. Berarducci pidió que se respete el marco legal, señalando que solo la Legislatura puede declarar la utilidad pública de un inmueble.

“El diálogo y las soluciones consensuadas deben primar para evitar perjudicar a cientos de estudiantes y respetar la Constitución”, sostuvo el legislador, en un llamado a la intendenta Rossana Chahla.

Un conflicto en curso

Mientras el caso continúa en los tribunales, la comunidad educativa permanece expectante. La disputa legal pone en el centro del debate la administración de un establecimiento clave para la educación municipal y plantea interrogantes sobre el alcance de las potestades expropiatorias de los gobiernos locales.