El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone una transformación significativa en el régimen del impuesto a las Ganancias, incluyendo un “tapón fiscal” que limitaría la capacidad de fiscalización de ARCA solo a la última declaración jurada de cada contribuyente. Según fuentes oficiales, esta modificación busca fomentar la confianza tributaria, estableciendo una “presunción de exactitud” sobre lo declarado por las personas físicas. Esto significa que, salvo indicios de evasión, se presumirá la buena fe del contribuyente y no se revisarán declaraciones anteriores. Además, el plazo de prescripción de la evasión se reducirá a tres años. El nuevo régimen será aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones. Para evitar maniobras de evasión o desapoderamiento de activos, se exigirá que esa condición se cumpla durante el año anterior y los dos previos al ingreso al sistema. En caso de que un contribuyente acepte la declaración sugerida por ARCA y realice el pago en tiempo y forma, se le otorgará un efecto liberatorio para ese período fiscal. No obstante, este beneficio no se aplicará si se detectan omisiones de ingresos, deducciones improcedentes o facturación falsa. Uno de los puntos centrales del proyecto es el criterio de “discrepancia significativa”, que se activará cuando exista una diferencia del 15% o más entre lo declarado y los registros disponibles por parte del fisco. Bajo estas condiciones, ARCA podría iniciar un procedimiento de fiscalización específica. Otro eje relevante es el mecanismo para cancelar deudas tributarias y evitar denuncias penales. La ley establece que si un contribuyente paga la totalidad de la deuda más los intereses antes de que ARCA formule una denuncia, se extingue la acción penal. Además, se prevé una única oportunidad adicional incluso si ya hubo una denuncia, siempre que se abone el total adeudado más un 50% extra como sanción. Esta medida busca incentivar la regularización de deudas y reducir la judicialización, ofreciendo una solución alternativa a los procesos penales. Actualmente, hay más de 6.600 denuncias penales activas por evasión, pero con los nuevos umbrales propuestos —que fijan un mínimo de $100 millones para evasión simple—, solo quedarían firmes unas 198. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo de la reforma es transformar el paradigma tributario argentino, pasando de un sistema punitivo a uno que premie el cumplimiento y promueva el pago voluntario de los impuestos.