El Gobierno nacional ya prepara su estrategia para frenar en el Senado el avance del proyecto de ley que actualiza las jubilaciones y restituye la moratoria previsional, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone un incremento del 7,2% en los haberes, la actualización del bono a $110.000 y la reincorporación del sistema de moratoria para quienes no completaron los años de aportes requeridos. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier ley que sea sancionada por el Congreso, incluso si incluye medidas vinculadas a la emergencia en discapacidad. En la Cámara Alta, el oficialismo apostaría a dilatar el debate en comisiones. El proyecto debe pasar por dos instancias clave: la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Ezequiel Atauche, y la de Trabajo y Previsión Social, a cargo de la senadora de Juntos por el Cambio, Carmen Álvarez Rivero. Ambos espacios podrían funcionar como barrera para evitar un tratamiento rápido. Pese a esta estrategia, Unión por la Patria podría contar con respaldos significativos en el recinto. El radical Martín Lousteau y el fueguino Pablo Blanco, enfrentado con el Gobierno por los recortes a su provincia, se perfilan como aliados para avanzar con el texto. Uno de los puntos que permitió ampliar el respaldo legislativo fue la inclusión de un artículo que establece el origen del financiamiento para los aumentos. Según se explicó, se redireccionarían $312.000 millones que habían sido destinados a la Secretaría de Inteligencia. “Menos plata a la SIDE y más a la gente que necesita”, resumió un senador que respalda el proyecto.