El Concejo Deliberante de Tafí Viejo aprobó una ordenanza que declara la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en el municipio por un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga. La medida fue impulsada por la intendenta Alejandra Rodríguez y habilita la toma de deuda por hasta el 3,4% del presupuesto 2025, es decir, alrededor de $3.000 millones. La ordenanza, sancionada por mayoría durante la última sesión, autoriza el endeudamiento para garantizar el pago de sueldos, asistencia alimentaria, servicios de salud y el funcionamiento institucional. Según los fundamentos presentados, la decisión responde a una fuerte caída en las transferencias nacionales —del 23,2% en mayo—, junto con una merma en la recaudación del impuesto a las Ganancias (39,9%) y del IVA (1,1%). Además, el documento detalla que entre enero y mayo de este año, Tafí Viejo dejó de percibir más de $1.431 millones. Esta cifra incluye la detracción de recursos por Financiamiento Educativo por parte de la Provincia ($651 millones) y descuentos aplicados en el marco del Consenso Fiscal 2025 ($780 millones), lo que representa una pérdida de $16.842 por habitante. El bloque Justicialista Independencia, vinculado al gobierno provincial, votó en contra de la medida. Su presidente, el concejal Alejandro Martínez (h), criticó con dureza la decisión del Ejecutivo municipal. “No vamos a ser cómplices del endeudamiento que le quieren seguir generando al pueblo de Tafí Viejo. Le están dando la llave para pedir préstamos a privados con una tasa altísima”, advirtió. Martínez también señaló que el municipio mantiene una deuda cercana a los $13.000 millones con la Provincia, tras su salida del Pacto Fiscal, además de otros $200 millones en pasivos con Rentas. En ese contexto, pidió a la intendenta Rodríguez que vuelva a adherirse al acuerdo fiscal con la Provincia. El concejal, que integra el bloque junto a Gabriela Suárez, afirmó que Tafí Viejo enfrenta una sobredimensionada estructura de personal. Según sus declaraciones, si bien la planta permanente cuenta con unos 600 empleados, hay aproximadamente 3.000 personas contratadas por la Municipalidad. La ordenanza establece que el Ejecutivo deberá presentar informes mensuales al Concejo Deliberante sobre el uso de los fondos y la evolución financiera del municipio. La tensión política entre el municipio y el gobierno provincial se viene intensificando desde que Rodríguez —esposa del ex intendente Javier Noguera— decidió abandonar el Pacto Social. Noguera, a su vez, evalúa una posible candidatura a diputado en una lista del peronismo antimileista.