La investigación que involucra a Julio “Chocolate” Rigau y otros exfuncionarios de la Cámara de Diputados bonaerense continúa revelando nuevas irregularidades, cuando el expediente ya se encuentra a un paso del juicio oral. Un dictamen fiscal de más de 450 páginas, al que accedió Infobae, expuso un entramado de contrataciones irregulares, maniobras de cobro ilegítimo de sueldos y complicidades múltiples dentro del sistema legislativo.

Entre las situaciones más graves, fue detectada una empleada contratada que residía en España durante los meses en los que percibió su salario, mientras que otra vivía en Chivilcoy, a más de 200 kilómetros del lugar donde debía prestar funciones. Al menos 15 personas fueron identificadas con empleos paralelos, lo que para la fiscal Betina Lacki demuestra que la participación en la maniobra no fue impulsada por necesidad, sino por la conveniencia de acceder a beneficios sociales y jubilatorios sin contraprestación alguna.

La responsabilidad principal ha sido atribuida a Claudio Albini, exsubdirector de Personal, quien fue sindicado como el organizador de la asociación ilícita y continúa detenido junto a su hijo, el exconcejal Facundo Albini. Ambos habrían coordinado las llamadas “giras de recaudación” encabezadas por Rigau, quien fue arrestado in fraganti con 48 tarjetas de débito de supuestos empleados públicos.

Mensajes y fotos halladas en el celular de Rigau fueron incorporados como pruebas clave, donde se evidencian comunicaciones frecuentes con los Albini, rendiciones de gastos y registros de transferencias. Una de las tarjetas utilizadas pertenecía a la suegra del exconcejal.

En su defensa, Facundo Albini intentó distanciarse de su padre y se presentó como desvinculado de la estructura, pero su argumento fue desestimado. La fiscal cuestionó además duramente la falta de colaboración de las autoridades de la Cámara de Diputados, cuyo informe interno —entregado un año y medio después del escándalo— negó perjuicio alguno al Estado y se limitó a iniciar un proceso de “normalización” del personal.

El perjuicio económico fue estimado en más de 800 millones de pesos, y se estableció que la maniobra habría comenzado en 2022, tras la designación de Albini en el área de Personal. Desde entonces, al menos seis personas cercanas al grupo fueron contratadas de manera irregular, incluyendo a la exesposa de Albini y dos hijos de Rigau.

Además, se iniciaron causas paralelas que investigan situaciones similares tanto en el Senado bonaerense como en la Municipalidad de La Plata. En este último caso, fueron ordenados 13 allanamientos en domicilios particulares y oficinas municipales.

A pesar de las dimensiones del escándalo, ninguno de los funcionarios de alto rango de la Legislatura ha sido citado a declarar, y no se impulsaron reformas estructurales en el sistema de contrataciones. Desde la oposición se presentaron pedidos de informes y propuestas de reforma, que nunca avanzaron.

La causa se encuentra ahora en etapa final, con el dictamen de la fiscal ya en manos de las querellas. Si no hay objeciones, el juez Guillermo Atencio será quien defina la elevación a juicio oral, mientras Rigau permanece con prisión domiciliaria, sin haber declarado públicamente desde su detención.