Tres policías de Tucumán, incluyendo al ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán, fueron acusados formalmente de delitos relacionados con el traslado irregular de detenidos para realizar trabajos de albañilería en una propiedad perteneciente a Beltrán ubicada en El Cadillal. La Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF) solicitó la prisión preventiva para Beltrán, de 30 años, quien fue dado de baja de la fuerza.
La audiencia de formulación de cargos, realizada hoy a pedido del Ministerio Público Fiscal, imputó a Beltrán por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como falsificación de instrumento público (como autor y coautor).
En tanto que los otros dos imputados, un sargento y un cabo (ambos de 45 años), enfrentan cargos por peculado (como partícipes secundarios) en concurso real con falsificación de instrumento público (como coautores).
El fiscal Federico Lizarraga detalló las evidencias, que incluyen un llamado anónimo, el secuestro de dispositivos móviles, un DVR y una camioneta Hilux gris de la policía en la propiedad en construcción de Beltrán en El Cadillal. Se mencionaron también las tareas realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la división de Delitos Telemáticos.
La audiencia debió ser interrumpida debido a un problema de salud de uno de los imputados, por lo que la segunda parte, donde se definirán las medidas de coerción, fue postergada para el viernes.
Los hechos imputados
La investigación reveló que durante dos meses, Beltrán, sin autorización judicial ni comunicación a las autoridades, dispuso el traslado de cuatro detenidos desde las comisarías de Chuscha (tres de ellos) y Choromoro (el restante) a las dependencias de la URN en Tafí Viejo, sin registrar los movimientos en los libros oficiales. El propósito era utilizarlos como mano de obra en beneficio propio.
El 11 de noviembre, Beltrán, en complicidad con el sargento y el cabo, falsificó el libro de guardia al indicar que dos detenidos condenados por abuso sexual (de 45 y 47 años) serían trasladados a la comisaría de Chuscha. En realidad, la camioneta se dirigió a la propiedad de Beltrán en El Cadillal, donde los presos realizaron trabajos de albañilería.
