La causa por el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán avanzó en la Justicia. La Fiscalía consideró válido el accionar del municipio y pidió el dictado del fallo final.
A casi tres años de la suspensión del sistema de estacionamiento pago en la capital tucumana, la causa judicial que investiga su implementación ingresó en la etapa final. El servicio fue paralizado en 2022 mediante una medida cautelar dispuesta por la Sala II del fuero contencioso administrativo.
El Ministerio Público Fiscal emitió recientemente un dictamen no vinculante que analiza los planteos de la acción de amparo colectivo. Una de las cuestiones centrales fue la supuesta inconstitucionalidad del cobro del servicio. Según el informe, “no existe exceso” en la normativa aplicada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para implementar el sistema.
Con este dictamen, la Fiscalía Municipal a cargo de Conrado Mosqueira solicitó al tribunal el avance hacia una sentencia definitiva. “En fecha 14 de mayo de 2025 pasa a estudio los autos para sentencia”, indica el expediente judicial.
La causa se inició durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro, quien impulsó la implementación del estacionamiento pago en amplios sectores del centro y microcentro. La medida fue cuestionada por entidades como la Defensoría del Pueblo, la organización Fodecus y un grupo de cuidacoches, lo que derivó en la suspensión del servicio.
El dictamen de la Fiscalía de Cámara, firmado por Juana Inés Hael, analizó también el proceso de contratación de la empresa Tecno Agro Vial SA, que había sido designada para operar el sistema. La fiscal concluyó que, según la normativa vigente, el Ejecutivo municipal tiene la potestad de regular el estacionamiento medido, y que los planteos de inconstitucionalidad no resultan procedentes.
En la Municipalidad, consideran este análisis como un respaldo legal a la intención de reactivar el servicio. Desde la sede de 9 de Julio y Lavalle, se presentó un nuevo escrito solicitando la sentencia definitiva. Aunque todavía se espera el fallo de la Sala II, el escenario se vuelve favorable para la posibilidad de concesionar nuevamente el servicio.
La incógnita ahora es si la intendenta Rossana Chahla podrá restablecer el sistema, ya sea con la empresa original o a través de una nueva adjudicación, según lo que determine la Justicia en los próximos días.

