El Gobierno del presidente Javier Milei oficializó hoy un nuevo paso en su política migratoria orientada a atraer capitales, luego de que se reglamentara el procedimiento mediante el cual los extranjeros podrán acceder a la ciudadanía argentina si realizan una inversión considerada “relevante”. La medida fue establecida a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial, y complementa la modificación de la Ley de Ciudadanía N.º 346, aprobada en mayo, mediante el Decreto 366/2025.
Con esta nueva resolución, se implementa formalmente la figura del “ciudadano por inversión”, lo que permitirá que personas sin importar su tiempo de residencia en el país puedan iniciar el trámite de nacionalización, si demuestran haber efectuado un aporte económico significativo en Argentina. Los parámetros de lo que se considera una inversión relevante serán definidos por el Ministerio de Economía.
El proceso de solicitud será gestionado por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo dependiente de la cartera económica, que tendrá a su cargo la evaluación inicial de cada caso. Entre sus funciones, se incluye la recepción del pedido del extranjero interesado, la verificación de la inversión realizada y la recolección de informes de distintos organismos estatales.
El Decreto 524/2025 lleva la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Su entrada en vigencia fue inmediata, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
De acuerdo con el decreto, la Agencia deberá requerir información técnica a instituciones como el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Además, se prevé la posibilidad de solicitar datos adicionales a otros entes públicos o privados “si así se considera necesario”.
El objetivo de este procedimiento es asegurar que la concesión de la ciudadanía no implique riesgos para la seguridad nacional ni para los intereses estratégicos del país. Una vez recopilados todos los antecedentes, la Agencia emitirá una recomendación formal que podrá sugerir la aprobación o el rechazo de la solicitud. Este dictamen será remitido a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete, que tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir una resolución definitiva.
En paralelo, el decreto instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también bajo la órbita del Ministerio de Economía, a realizar las adecuaciones necesarias para que los nuevos ciudadanos obtengan su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), requisito fundamental para desarrollar actividades comerciales o profesionales en el país.
