El paro que afecta a las líneas 8 y 131 del transporte público en San Miguel de Tucumán puso nuevamente en agenda la crítica situación que atraviesan las empresas del sector. Según explicó Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, el conflicto no responde a un hecho aislado, sino a un escenario económico y operativo que se viene profundizando desde hace años.

En LG Play, el empresario señaló que las firmas capitalinas enfrentan una combinación de factores que golpean la sustentabilidad del servicio. En primer lugar, mencionó la falta de control sobre los transportes ilegales y “pseudo legales”, como el avance de Uber moto, que quitan pasajeros y ponen en riesgo a los usuarios. También cuestionó la escasa fiscalización de los carriles exclusivos, que habían mostrado buenos resultados pero hoy se encuentran invadidos.

Otro punto crítico es la caída del poder adquisitivo. “Cada vez menos gente viaja porque los sueldos no alcanzan; hay usuarios que deciden evitar viajes para ahorrar”, explicó. Según relevamientos internos, el caudal de pasajeros transportados bajó entre un 30% y un 40% en el último año.

El dirigente también advirtió sobre los altos costos financieros que afrontan las compañías, desde el pago del sistema SUBE hasta los aportes sociales, lo que se suma a una ausencia de políticas de Estado sostenidas en materia de transporte durante los últimos 15 años.

Berreta remarcó que el sector ya presentó una nota a la intendenta Rossana Chahla exponiendo la situación y proponiendo alternativas. Sin embargo, cuestionó que la jefa municipal relativizara la responsabilidad de su gestión. “El transporte está en cabeza de los poderes concedentes: desde tarifas hasta compensaciones tarifarias y recorridos. No es un problema político ni personal, es institucional”, dijo.

Como ejemplo, citó los modelos de Córdoba, Salta y Mendoza, donde el Estado paga a los empresarios por kilómetro recorrido, bajo sistemas digitalizados que permiten un mayor control. “Es una forma de dar previsibilidad al servicio y resolver la crisis”, sostuvo.

Por último, Berreta aclaró que la realidad del transporte interurbano y rural es distinta porque allí los servicios ilegales no tienen la misma incidencia y existe un mayor acompañamiento del gobierno provincial en materia de compensaciones. “La capital es la más golpeada. Si no se atiende esta problemática, el sistema va camino a implosionar”, concluyó.