El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue imputado formalmente por el fiscal Álvaro Garganta en una causa que investiga un presunto negociado millonario con el sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La imputación fue decidida en el marco de una causa iniciada en octubre de 2023, en la que fueron involucradas 16 personas.

Durante la investigación, fue detectado un esquema de fraude estructurado en tres maniobras principales, según lo detallado por la fiscalía. El esquema más relevante habría sido ejecutado a través del sistema de multas, donde funcionarios bajo la órbita de D’Onofrio habrían actuado en connivencia con gestores externos para ofrecer reducciones del 50% a infractores a cambio de beneficios personales.

Entre los imputados también fue incluido el juez de Faltas de La Plata, Mario Quattrocchi, y la concejal de Pilar, Claudia Pombo, quienes fueron vinculados a emprendimientos gastronómicos en Málaga, España, con ingresos cuya procedencia está siendo investigada. Esa conexión fue confirmada mediante un informe reservado proveniente del exterior.

Otra de las maniobras investigadas involucra la adjudicación de concesiones para operar la VTV a siete empresas, que habrían sido obligadas a contratar previamente a la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, la cual fue señalada como vinculada a funcionarios del Ministerio de Transporte. Esta firma, encargada de los turnos, recibía una comisión del 8,5% más IVA por cada transacción realizada.

Asimismo, fue imputada la empresa CECAITRA, dedicada al sistema de fotomultas, que habría facturado irregularmente sin autorización legal por las infracciones detectadas por al menos 155 de sus cámaras, de un total de 1404 dispositivos en la provincia. Un informe del Ministerio de Transporte bonaerense reveló que dichas cámaras carecían del acto administrativo necesario para su funcionamiento.

Fue allanada la sede de CECAITRA y también fue incautado el teléfono del presidente de la empresa, Bernardino García, considerado una prueba clave en la causa.

D’Onofrio fue imputado como partícipe necesario por los delitos de fraude contra la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, y como autor de la maniobra relacionada con la VTV. Entre los demás acusados también fueron mencionados funcionarios, jueces, concejales y empresarios.

El avance de la causa será seguido por las declaraciones indagatorias, que deberán ser tomadas a todos los acusados en los próximos días.

Además, D’Onofrio está siendo investigado en una causa federal por lavado de dinero, a cargo del juez Adrián González Charvay, en la que fueron secuestrados más de 62 millones de pesos, 254 mil dólares, 4.600 euros y 112 mil reales en una financiera del Microcentro porteño. También fueron allanadas empresas y propiedades vinculadas a otros imputados, incluyendo una peluquería y una financiera en un hotel de Pilar, atribuidos a la concejal Pombo.

Fueron ordenadas medidas para levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los involucrados, con el objetivo de profundizar en el origen del patrimonio de D’Onofrio y su entorno cercano.