El Gobierno lanza un nuevo régimen de Ganancias que deja afuera el consumo, la variación patrimonial y habilita el uso de dólares no declarados.
En el marco del llamado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno presentó este jueves un cambio estructural en el Impuesto a las Ganancias. El nuevo régimen, anunciado por el titular de ARCA, Juan José Pazo, modifica radicalmente la forma de declarar ingresos a partir de 2025 y abre la puerta al uso legal de dólares en negro sin temor a sanciones o investigaciones.
A partir del próximo ejercicio fiscal, Ganancias dejará de contemplar el consumo personal y la evolución del patrimonio como variables de control. En su lugar, el sistema se basará exclusivamente en la facturación y los gastos deducibles. “Será un esquema más simple, más ágil y con menor carga para los contribuyentes”, resumió Pazo, quien también confirmó que la adhesión al régimen será voluntaria.
Este rediseño del tributo implica también una batería de derogaciones de regímenes informativos clave que hasta ahora permitían a ARCA (ex AFIP) cruzar datos y detectar inconsistencias. Entre ellos, ya no se reportarán compras con tarjeta de crédito, operaciones notariales, transferencias inmobiliarias (COTI), pagos de expensas, consumo de servicios públicos ni compra-venta de autos usados.
Además, se introducirá un aumento de los umbrales de información para entidades financieras. Los bancos, por ejemplo, sólo deberán reportar depósitos en dólares a partir de los 10.000 dólares, en línea con estándares internacionales. También se elimina la obligación de presentar declaraciones juradas de impuestos para abrir cuentas bancarias, medida que busca proteger el secreto financiero de los ciudadanos.
En paralelo, se anticipan resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) para flexibilizar aún más los controles antilavado, elevando los límites y reduciendo la cantidad de operadores obligados a informar. Las concesionarias de autos, por caso, dejarán de estar en esa lista.
Pazo explicó que se enviará al Congreso un proyecto para blindar estos cambios mediante la modificación de la Ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Fiscal, recortando los plazos de prescripción de cinco a tres años.
En la práctica, estos cambios permitirán a los contribuyentes usar libremente sus dólares atesorados sin declarar, sin que esas operaciones generen sospechas ni sean objeto de fiscalización. Una redefinición completa del sistema tributario que, según ARCA, apunta a “enfocar el control en los grandes evasores” y facilitar el cumplimiento voluntario para el resto.
