El conflicto en el Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo luego del anuncio oficial de un aumento salarial para los médicos residentes. El Gobierno comunicó que, a partir del 1 de julio, el salario ascenderá a aproximadamente $1,2 millón. Sin embargo, desde la Asamblea de Residentes denunciaron que no recibieron ninguna propuesta formal y convocaron a una movilización en el Obelisco.

Los residentes reclaman hace más de un año una recomposición salarial y mejoras en sus condiciones laborales. Según explican, un médico de primer año puede llegar a trabajar entre 60 y 70 horas semanales, incluyendo hasta seis guardias de 24 horas al mes, con ingresos que promedian los $797.000, lo que equivale a unos $2.800 por hora.

La situación se tensó aún más en 2024, cuando realizaron 14 paros entre junio y octubre. Luego de un aumento del 28% que fue revocado y la posterior renuncia del ministro de Salud, las protestas se reactivaron en mayo de este año por la falta de respuestas oficiales.

El último domingo, el hospital emitió un comunicado anunciando el incremento salarial, aclarando que es resultado de una planificación presupuestaria interna y no una reacción a las protestas, que calificaron como impulsadas por «militancia kirchnerista». También se informó la implementación de un sistema biométrico para controlar la asistencia del personal.

Desde el Gobierno, se argumentó que los problemas en el hospital se deben a una sobredimensión administrativa y a una alta rotación del personal. Sin embargo, tanto residentes como jefes de servicio cuestionaron esta visión y destacaron la falta de un sistema de reemplazo para profesionales clave.

El 26 de mayo, médicos de planta permanente respaldaron públicamente a los residentes y alertaron sobre una “fuga de talentos” debido a los bajos salarios. Según advirtieron, muchos profesionales buscan mejores condiciones en el sector privado o en el exterior, lo que podría impactar negativamente en la calidad del servicio del hospital pediátrico más importante del país.

A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, la Asamblea de Residentes decidió avanzar con las medidas de fuerza y reiteró su pedido de un canal de diálogo institucional para resolver el conflicto de fondo.