Organizaciones sindicales de Tucumán manifestaron un enérgico repudio al decreto 340/2024, mediante el cual el Gobierno nacional amplió el listado de actividades esenciales, lo que restringe el ejercicio del derecho a huelga. La medida, que también desregula el transporte marítimo, fue criticada por diversos gremios que adelantaron presentaciones judiciales.

Desde la CGT Regional Tucumán, su secretario general Luis Diarte consideró que el decreto es inconstitucional por violar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. “Este gobierno no respeta las instituciones”, expresó, al cuestionar que se legisle mediante decretos sin debate en el Congreso.

El titular del gremio Smata también rechazó los porcentajes de prestación mínima que exige el decreto, que oscilan entre el 50 y el 70%. “¿Cómo vamos a ejercer una huelga si la mayoría sigue trabajando?”, cuestionó, y aseguró que acudirán a la Justicia para frenar la medida.

En el ámbito docente, ATEP se movilizó hasta la Casa Histórica para denunciar que el nuevo esquema atenta contra el derecho constitucional de huelga. “Con un 75% trabajando, la huelga pierde su razón de ser”, sostuvo Nora Yenad, secretaria adjunta del gremio.

Desde el sector universitario, ADIUNT también se expresó en contra. Su secretaria general, Anahí Rodríguez, calificó al decreto como “un ataque directo al derecho de huelga” y lo vinculó con el fallido capítulo laboral del DNU 70, suspendido por la Justicia. “Es parte del plan de desregulación que lidera Sturzenegger”, señaló.

Por su parte, desde el ámbito de la salud, José Gerban (AME) opinó que la medida busca afectar a ciertos gremios más que a todo el sector, aunque consideró que cercena derechos conquistados. Adriana Bueno (SITAS) fue más tajante: “No se trata de limitar, sino de prohibir la protesta. Es una medida regresiva que no tiene en cuenta las condiciones reales del sistema de salud”, afirmó.

Los sindicatos coinciden en que el decreto apunta directamente contra la clase trabajadora y contra la representación gremial. “Si el gobierno tiene pruebas contra dirigentes, que actúe en esos casos. Pero no puede generalizar ni atacar a todo el sindicalismo”, concluyeron.