En respuesta al pedido del FMI, una reforma del sistema previsional está siendo evaluada por el Gobierno nacional. El foco está puesto en la sostenibilidad del régimen, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional, la alta informalidad laboral y la caída de la natalidad.

Más de 580.000 personas fueron beneficiadas por la última moratoria, que finalizó el 23 de marzo. La decisión de no renovarla fue tomada recientemente y se enmarca en una revisión estructural más amplia de la seguridad social.

Desde el Ejecutivo se aclaró que no se han definido aún líneas concretas de reforma, aunque un diagnóstico exhaustivo está siendo realizado para determinar posibles modificaciones. Experiencias internacionales están siendo analizadas como referencia.

El FMI exige cambios estructurales que acompañen la meta de déficit cero. Su directora, Kristalina Georgieva, destacó que el objetivo es mejorar la sostenibilidad fiscal mediante reformas tributarias, previsionales y de coparticipación.

El presidente Javier Milei subrayó que no se puede avanzar con una reforma previsional sin antes resolver la informalidad laboral, que según el INDEC afecta al 42% de la población ocupada. Los sectores más impactados son las mujeres y los jóvenes menores de 29 años.

El descenso de la natalidad también representa un desafío para el sistema. En 2023 se registraron 460.902 nacimientos, lo que significa 315.000 menos que en 2014. Además, la cantidad de hijos promedio por mujer descendió de 2,4 a 1,4.

El fin de la moratoria jubilatoria impacta en quienes no completaron 30 años de aportes. Solo en 2024, 313.950 personas accedieron al beneficio, de un total de 427.505.

A pesar del cierre de la moratoria, continúa vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP) para quienes están a menos de diez años de la edad jubilatoria. Además, quienes tengan 65 años o más sin los aportes requeridos pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Desde su implementación, la PUAM fue otorgada a 203.521 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% varones. Más del 85% de los solicitantes superan el control socioeconómico, que permite ingresos y consumos por encima de la línea de indigencia.

En la práctica, esta modalidad eleva a 65 años la edad jubilatoria para muchas mujeres que no completaron los aportes. El Gobierno sostiene que todas estas medidas buscan dinamizar la economía, promover la inversión y fortalecer el sistema previsional a largo plazo.