La acusada de haber sustraído el celular del gobernador Osvaldo Jaldo continuará bajo prisión preventiva por un mes más. El Ministerio Público Fiscal informó que en los próximos días recibirán informe con el análisis de las cámaras de seguridad del lugar donde se habría registrado el hurto y los resultados del peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados.

El miércoles 18 de junio, el primer mandatario viajó para inaugurar en La Cocha una oficina de asistencia jurídica que inauguraba el Ministerio de la Defensa. Al finalizar el acto, la comitiva se dirigió al salón “Rocío” para participar de un almuerzo al que fueron convocados dirigentes del municipio y de al menos nueve comunas rurales. Liliana “Pampita” Carrizo formó parte de la delegación de Los Pizarro. Tras el almuerzo, Jaldo se sacó fotos con los participantes del encuentro y cuando estaba por retirarse del lugar notó que ya no tenía consigo su celular.

Al analizar las imágenes que había tomado un fotógrafo, no sólo descubrieron cómo lo había hurtado, sino que además pudieron identificar a la autora. Funcionarios y policías se dirigieron hasta el domicilio de Carrizo, recuperaron el móvil y la aprehendieron. Ese mismo día, por pedido del fiscal Héctor Fabián Assad, efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur allanaron la casa de la mujer. Secuestraron pendrives, un celular y una computadora de “Conectar Igualdad”.

Un día después, el 19 de junio, la auxiliar de fiscal Emilse Guevara formuló cargos en contra de Carrizo, acusándola por el delito de hurto y se le dictó la prisión preventiva por un mes, medida que vencía hoy. Por este motivo, ayer se realizó una audiencia en la cual la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que la medida se prorrogara por un mes más.

Al fundamentar el pedido, la representante del Ministerio Público informó que todavía deben realizar distintas medidas para poder reconstruir lo que sucedió el día del hecho. Dijo que están a la espera de que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif) envíe el informe del análisis de los registros fílmicos del local donde se llevó a cabo el acto político para intentar identificar a la imputada durante el momento del hecho y si recibió la colaboración de terceros. También dijo que tienen una orden para peritar el celular de Marcos Eduardo Rodríguez, un empleado público que se encontraba en el lugar y que con su celular habría capturado fotografías del momento del hecho.

“Es importante establecer si Carrizo tuvo o no contacto con otras personas que pueden estar implicadas. Hay que recordar que se trata del hurto del teléfono del gobernador, el cual tiene contenido sensible y reservados, los cuales pueden afectar y poner en riesgo a la provincia ya que puede haber asuntos de seguridad. La imputada tuvo en su poder aproximadamente una hora el teléfono del gobernador. Por todo esto es necesario cautelar el proceso”, afirmó Guevara.

Cuestionamientos

El 20 de junio, un día después de ser imputado, Carrizo declaró en el despacho fiscal. Allí habría relatado que ella no había sido la autora del hurto y que en realidad se lo había entregado una persona. Días antes de que comenzara la feria judicial, el 4 de julio, volvió a prestar declaración. En esa oportunidad habría señalado a Héctor Juárez, el fotógrafo que aportó la imagen para que la identificara, como la persona que le había entregado el celular.

Ayer, Guevara informó que en los próximos días citarán a Juárez para que testifique y explique por qué la imputada lo señala de tal accionar.

La querellante, Paula Morales Soria, coincidió con el pedido de prórroga de la prisión preventiva y cuestionó la declaración realizada por la imputada. “Incurrió en falsedades manifiestas atribuyendo la entrega del celular sustraído a una tercera persona, que sería un fotógrafo que se encontraba en el lugar del hecho. Las fotografías del acto evidencian y constan en el legajo que inequívocamente ella misma se extrae de la solapa del saco del gobernador el teléfono celular. Esto acredita una actitud sumamente obstruccionista y una clara voluntad de desviar la investigación, entorpecer la verdad y cargar falsamente responsabilidades sobre un inocente y no asumirla ella misma”, dijo.

Soria, además, insistió en que Carrizo al estar en libertad podría interferir en los testigos de la causa. “Puede condicionar el actuar de las otras personas que estamos seguros, participaron en este hecho que se viene investigando y tanto en libertad como en su domicilio, ella puede tener acceso al teléfono celular, como también al contacto o a la comunicación con otras personas”, afirmó.

La defensora de Carrizo, Emilia Giselle Ale se opuso a la prórroga de la preventiva al considerar que el plazo y el tipo de medida eran desproporcionados. “Liliana, como toda persona dentro de un proceso judicial, debe ser tratada como inocente. Lleva un mes privada de la libertad por un delito que, de ser probado en un juicio, contempla una pena de cumplimiento condicional. La figura prevé entre un mes y dos años de prisión”, dijo.

Por último cuestionó la teoría del caso de la parte acusatoria y los riesgos procesales expuestos. “Se han recalcado que el delito podría haberse cometido el hurto en banda o con destreza y hasta el robo de información. Son acusaciones que hasta ahora no pudieron ser probadas y deja ver la excesividad de la medida que pesa sobre mi pupila. Además se remarca la autoridad del cargo de la supuesta víctima. Afirman que el hecho es más gravoso porque se trata del gobernador como víctima. Quiero decir que esto no cambia la calificación legal, salvo que se prueben circunstancias específicas dentro de la ley”.

Tras analizar los planteos de las partes, el juez de feria del Centro Judicial Concepción, Raúl Ángel Robin Márquez, resolvió hacer lugar al pedido del MPF y extender la prisión preventiva de Carrizo por un mes más.