La Caja Popular de Ahorros salió este lunes a contestar públicamente las imputaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, que la acusa de presuntas irregularidades vinculadas al cálculo de aportes al Siprosa y a la entrega de mercadería en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. El interventor del organismo, José César Díaz, brindó una extensa explicación técnica y política en la que sostuvo que la institución “ha cumplido la ley” y que las denuncias responden a un “abuso de autoridad”.

“Hemos tomado las medidas correspondientes y ahora corresponde aclarar las situaciones”, comenzó Díaz. Para contextualizar, repasó los ocho años de gestión y la relación con el Tribunal de Cuentas. Según afirmó, el vínculo comenzó de manera normal, pero “todo cambió cuando un sumario disciplinario involucró a un familiar del presidente del Tribunal de Cuentas”.

A partir de ese momento, dijo, la Caja empezó a recibir “embates arbitrarios y abusivos”, con alrededor de 60 a 70 sumarios iniciados. “Somos el único organismo con normas ISO, doble control contable, auditoría externa y autofinanciamiento. Sin embargo, hemos sido el blanco permanente de observaciones infundadas”, sostuvo.

El caso Siprosa

Uno de los ejes de la denuncia del Tribunal de Cuentas es una supuesta deuda millonaria de la Caja Popular con el Siprosa. Díaz negó completamente esa versión y aseguró que la cifra -más de $3.300 millones- fue mal calculada.

“Tomaron el anexo equivocado del balance, incluyeron conceptos que no corresponden y lo ajustaron por inflación. Fue una torpeza o un desconocimiento enorme”, remarcó.

Explicó que la Ley 5.115 establece que los aportes al Siprosa son anuales, no mensuales, y se calculan en base a la diferencia entre ingresos por juegos y gastos operativos. “Ese procedimiento está aprobado todos los años por la Legislatura. El Tribunal reclama deudas de períodos cuyos balances ya fueron aprobados”, señaló.

También recordó que la Caja firmó un convenio con el organismo sanitario para financiar la construcción del TEA en un inmueble propio. “El Tribunal dice que el convenio no tiene validez, pero el mismo Siprosa lo rescindió. Nadie rescinde algo que no es válido”, planteó.

Entrega de mercadería

El otro punto cuestionado es la distribución de alimentos a pedido del Ministerio de Desarrollo Social. El Tribunal sostiene que la Caja no tenía respaldo administrativo suficiente.

Para Díaz, la acusación carece totalmente de sustento. “No existe ningún delito. La mecánica fue siempre la misma durante años y el Tribunal de Cuentas jamás dijo nada”, expresó. Y afirmó que el propio asesor letrado del organismo, Ramiro González Navarro, participó históricamente de entregas de mercadería cuando era funcionario del Ministerio.

“Él redactó el decreto que facultaba al Ministerio a distribuir alimentos. No podía intervenir en este sumario. Tenía intereses creados”, denunció Díaz. Además cuestionó el proceso de auditoría. “No revisaron nada del Ministerio, sólo buscaron órdenes en la Caja. Eso no es auditoría, es direccionar un resultado”.

La mercadería, afirmó, tenía “un fin eminentemente social” y la Caja sólo actuaba por pedido del Ministerio, aprovechando su logística. “Se entregaron millones de subsidios y todo está documentado”, garantizó.

“Existe una enemistad manifiesta”

Díaz insistió en que la ofensiva del Tribunal de Cuentas responde a un conflicto previo. “Desde que un sumario disciplinario alcanzó a un familiar del presidente del Tribunal, comenzó una batalla que no debería existir. Todos somos parte del Estado, dijo. “No vamos a tolerar imputaciones de delitos ni abusos de autoridad”.

También mencionó que él y el subinterventor fueron sancionados con multas consideradas arbitrarias y que algunas de esas medidas ya fueron revertidas en la Justicia.

“La Caja no tiene fines políticos”

Ante la pregunta sobre un eventual uso político de la mercadería, Díaz lo negó de manera tajante. “¿Usted cree que yo soy político? La Caja Popular no responde a fines partidarios. Sí al bien común, como indica la ley”, aseguró.