La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó medidas cautelares en beneficio de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y que corre “un riesgo de daño irreparable” en manos del chavismo.

Fue a raíz de la denuncia de la Argentina tras la detención del oficial, el 8 de diciembre. En las últimas horas, el gobieno de Nicolás Maduro difundió un video que mostraría a Gallo en su lugar de detención.

La CIDH entiende que la situación reviste la gravedad, urgencia e irreparabilidad y, de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, le exige a Venezuela que:

• Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria.
• Informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino.
• Precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos.
• Indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha.
• Permita la comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza, dándoles acceso pleno a su expediente penal, de existir.
• Posibilite que tenga comunicación con el país del que es nacional.
• Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Qué dice el comunicado de la CIDH

En un comunicado, la CIDH recordó que Gallo es Cabo Primero de la Gendarmería Nacional en Argentina, y que fue detenido el 8 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela cuando “pretendía ingresar a dicho país para visitar a su esposa venezolana e hijo de 2 años, con los trámites en regla, pasaporte vigente y un pasaje de ida y vuelta”. Durante su permanencia en Venezuela planeaba alojarse en la residencia de su pareja.

“El 8 de diciembre, tras una revisión de documentos a las 8:40 a.m., las autoridades venezolanas lo apartaron para una ‘entrevista’, le quitaron el teléfono y lo dejaron incomunicado. A las 10:57 a.m., el beneficiario logró llamar a su esposa desde el teléfono de un taxista que lo había transportado anteriormente, informándole que lo estaban llevando a una segunda ‘entrevista’. El taxista informó luego que el traslado fue realizado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), identificados por las siglas en el vehículo”, relata el comunicado.

En un resumen de la solicitud presentada por el Gobierno, la CIDH indica que “el 17 de diciembre de 2024, los abogados Nahuel Gallo en Venezuela fueron citados a la Fiscalía para recibir información sobre su paradero, pero se les notificó que la denuncia por su desaparición no procedería y no se les brindó información. Al intentar presentar la denuncia, en las oficinas centrales de la Fiscalía General en Caracas se negaron a recibirla”.

También hicieron hincapié en que “existe una negativa por parte del Estado venezolano de responder e informar sobre el paradero de Nahuel Gallo, las condiciones de reclusión en las que se encuentra y su estado de salud físico y psicológico” y que “la Comisión no recibió información de parte del Estado venezolano”.

Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho efectuadas por el Gobierno, la Comisión “tomó en consideración que, desde el 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo estaría privado de la libertad por agentes del Estado de Venezuela y hasta la fecha su paradero es desconocido”.

“Conforme lo revelan las declaraciones de altas autoridades de Venezuela, no se han tomado acciones para garantizar una comunicación entre Nahuel Gallo y el país del que es nacional, además, la Comisión observa que no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor del beneficiario”, apuntaron.

La CIDH también remarcó que “el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”.

El Gobierno cuestionó las imágenes del gendarme detenido que difundió el chavismo: “Es una puesta en escena”

Este viernes, el Gobierno cuestionó las imágenes del gendarme que difundió el chavismo. “Es una puesta en escena”, afirmó Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. La titular de la cartera, Patricia Bullrich, habló de “una pantomima del régimen”.

“Es una desaparición. Este video no es oficial. No están informando dónde está detenido”, apuntó Soto y trazó un paralelismo con los desaparecidos en la última dictadura militar argentina. “(Jorge Rafael) Videla decía ‘Están detenidos’. No decían dónde, ni por qué”.

“Es una desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, por eso la denuncia” que presentó el gobierno ante la CIDH, insistió el funcionario. Y agregó: “Hay convenios internacionales que establecen que un Estado tiene derecho a tomar contacto con un nacional detenido en el extranjero, con la familia y tener un diálogo personal o telemático. Nunca lo permitieron. Lo detuvieron porque lo quisieron detener. Entró legalmente en Venezuela. Esto es una violación de todos los derechos”.