La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme las condenas impuestas a un grupo de proxenetas tucumanos, acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual. La decisión se conoció este lunes, a casi once años del inicio de la causa judicial impulsada por la Fundación María de los Ángeles.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisibles los recursos presentados por las defensas. De esta forma, quedó firme la condena contra Hugo José Antonio “Bicho” Díaz, sentenciado a nueve años de prisión como partícipe necesario del delito de trata de personas en perjuicio de cuatro víctimas.
También se confirmó la pena de cinco años para María Antonia Peñaflor y de cuatro años para María Isabel Usandivaras. Otro de los imputados, Hugo Ramón “Gato” Díaz, falleció durante el desarrollo del proceso judicial.
La investigación comenzó en 2014 y logró acreditar que la organización operaba dos prostíbulos en la capital tucumana: “El Límite”, ubicado en calle Alsina al 700, y “Night Club”, en la zona de El Bajo. Las víctimas eran mujeres captadas mediante engaños y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, y sometidas a explotación sexual sistemática. En algunos casos, realizaban más de veinte “pases” por noche. Una de ellas atravesó un embarazo durante la explotación y otra vivía allí con su hijo de dos años.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal —representado por Pablo Camuña, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg, bajo la coordinación de Marcelo Colombo— demostró la existencia de una estructura organizada. Díaz administraba “El Límite”, Peñaflor se encargaba de la gestión del bar vinculado al prostíbulo y Usandivaras controlaba el acceso, la recaudación y las órdenes hacia las víctimas.
El tribunal que dictó las condenas en 2021 también dispuso el decomiso del inmueble ubicado en El Bajo, y ordenó una reparación económica de un millón de pesos para cada víctima, a ser abonada en forma solidaria por los condenados. Además, se calificó a los hechos como una forma de violencia y discriminación contra las mujeres, conforme a tratados internacionales de derechos humanos.
