La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este lunes el pedido de Argentina de suspender la sentencia que la obliga a transferir el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a fondos especulativos que demandaron al país por la expropiación de la petrolera en 2012.

A pesar de que hay varias instancias judiciales abiertas, incluso una apelación solicitada por el país que puede estar en trámite dos años, el caso se podría encaminar en llegar en los próximos meses a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Según trascendió, los fondos buitre ganadores insisten en que se abra una etapa de negociación entre altos funcionarios del gobierno encabezado por Javier Milei y sus representantes. Por su parte, los defensores del Estado nacional esperan que algún tribunal de alzada les dé la razón.

La jueza le había ordenado a Argentina la entrega de las acciones para saldar una deuda que beneficia a dos empresas afectadas por la nacionalización de la petrolera en 2012. En tanto el pasado 1 de julio Argentina solicitó a la jueza suspender la ejecución del fallo hasta tanto se resuelva la apelación, una decisión que sigue a consideración de la magistrada.

En su pedido Argentina señaló que el caso tiene «circunstancias extraordinarias» a tener en cuenta y que no se trata de «una simple disputa comercial entre empresas».

Argentina también advirtió que si su petición no fuera atendida, recurrirá a tribunales superiores por considerar que la orden de Preska puede infringir a la petrolera un daño irreparable.

La jueza había fijado un plazo de 14 días para la transferencia del paquete de acciones a una cuenta de custodia en el Banco de Nueva York Mellon (BNYM) previo a su transferencia a los beneficiarios.

En 2012 Argentina expropió el 51% de las acciones de la petrolera por entonces controlada por la española Repsol que recibió una indemnización de 5.000 millones de dólares.

Pero accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4% del capital de YPF, presentaron en 2015 una demanda alegando que Argentina había obviado presentar una oferta pública de adquisición (OPA).

El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó U$S16,6 millones  para financiar las demandas judiciales. Ahora sería beneficiario del 38% de la sentencia.