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La Justicia exige autorización previa a legisladores que quieran visitar a Cristina Kirchner en su domicilio

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py resolvió que los diputados y senadores nacionales que deseen visitar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria en su departamento de Recoleta, deberán solicitar autorización judicial previa.

La decisión surge tras una presentación de legisladores de Unión por la Patria, quienes expresaron su intención de concurrir al domicilio de la ex mandataria “cuando lo consideren necesario” por motivos institucionales y políticos. En paralelo, la defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, solicitó al tribunal que aclare el criterio de autorización, invocando los fueros parlamentarios. El planteo fue rechazado por ser considerado “manifiestamente impertinente”.

El juez Jorge Gorini recordó que el régimen de visitas autorizado al concederse la prisión domiciliaria es limitado, permitiendo el ingreso solo a familiares, abogados, médicos y custodios, sin necesidad de trámite previo. Para cualquier otra persona, incluida la clase política, será necesario presentar una solicitud formal a través de la defensa.

El tribunal también informó que recibió más de mil correos electrónicos de ciudadanos que solicitaron visitar a la ex presidenta, después de que el abogado Gregorio Dalbón difundiera en redes la dirección del tribunal. Los jueces aclararon que ninguna de esas solicitudes será respondida, ya que solo la defensa está habilitada a realizar ese tipo de trámites.

La defensa de Fernández de Kirchner presentó un recurso de apelación contra esta decisión. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, convocó a una audiencia para el próximo 7 de julio, donde se analizará el planteo.

Por otro lado, Casación también deberá pronunciarse sobre otras medidas relacionadas con la causa Vialidad, como la legalidad de la prisión domiciliaria y la colocación de una tobillera electrónica, ambas impugnadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

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