La declaración de la emergencia económica y social en Tucumán será uno de los ejes centrales de la próxima sesión legislativa prevista para este jueves, en medio de un escenario atravesado por las consecuencias de las inundaciones en el sur provincial y por un debate político que expone diferencias sobre la necesidad —o no— de una nueva normativa.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo a través del legislador Gerónimo Vargas Aignasse, obtuvo dictamen favorable por mayoría en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Carlos Gallia (bloque Justicialista). El proyecto propone declarar la emergencia por un plazo de 180 días, con el objetivo de asistir a las familias afectadas y apuntalar la recuperación de las actividades productivas golpeadas por el temporal.
El texto contempla otorgar amplias facultades al Poder Ejecutivo, entre ellas la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, implementar programas extraordinarios y otorgar ayudas económicas directas. El dictamen de mayoría fue acompañado, además, por los legisladores Carlos Najar, Sandra Figueroa, Sara Lazarte y Hugo Ledesma, y contó con respaldo parcial de sectores opositores.
Sin embargo, el consenso no es total. Desde otro sector de la oposición surgieron cuestionamientos de fondo a la iniciativa.
Claudio Viña, representante de Compromiso Tucumán y único opositor dentro de la comisión, firmó un dictamen en minoría junto a José Cano, Walter Berarducci, Roberto Moreno, Maia Martínez y Roque Argañaraz, rechazando la propuesta por considerarla redundante.
“El fundamento principal es que ya existe una ley de emergencia hídrica”, sostuvo Viña, en referencia a la Ley 7.875, sancionada en 2007, que declara la emergencia hídrica y social en toda la provincia por 120 días, con posibilidad de prórroga por dos años. Esa normativa, recordó, fue extendida en múltiples oportunidades a lo largo de casi dos décadas, y su vigencia fue renovada recientemente hasta diciembre de 2026 mediante la Ley 9.941.
El legislador opositor remarcó que dicha legislación ya habilita herramientas similares a las que plantea el nuevo proyecto, como la reasignación de recursos y la suspensión de ejecuciones fiscales y cortes de servicios. En ese marco, consideró que avanzar con una nueva declaración implica “sobreabundar en legislación” y calificó la propuesta como una “sobreactuación de la emergencia”.
Viña también planteó una crítica más amplia sobre la eficacia de estas herramientas. “La emergencia existe, porque hay gente inundada o viviendo al costado de la ruta. El problema es que las leyes de emergencia no funcionan o no se aplican correctamente”, afirmó, al tiempo que advirtió que Tucumán se ha convertido en una provincia con reiteradas declaraciones de emergencia sin resultados estructurales visibles.
En paralelo, el debate legislativo se cruza con cuestionamientos sobre el manejo de los recursos. A fines de enero, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) presentó un pedido de informes para conocer cómo se ejecutaron los fondos asignados a la emergencia hídrica y social, en el marco de la Ley 7.
