Los bloques opositores en la Cámara de Diputados dieron un nuevo paso en su ofensiva legislativa y solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles 4 de junio. La convocatoria, dirigida al presidente del cuerpo, Martín Menem, incluye en su temario siete proyectos que abarcan desde mejoras en los haberes jubilatorios y la prórroga de la moratoria previsional, hasta la declaración de emergencias por inundaciones en la provincia de Buenos Aires y en materia de discapacidad.
Quedaron excluidos del pedido temas sensibles como la designación de autoridades de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y la elección de tres miembros para la Auditoría General de la Nación.
El pedido lleva las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Democracia y Encuentro Federal, entre ellos Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela. Aunque no rubricaron el documento, desde la izquierda anticiparon su disposición a colaborar con el quórum.
Todavía no hay una estrategia común entre los distintos espacios opositores sobre cómo encarar el debate en el recinto. Algunos sectores proponen avanzar de forma gradual, priorizando los proyectos que ya cuentan con amplio consenso parlamentario, dejando otras iniciativas para futuras sesiones.
En lo que refiere al capítulo jubilatorio, los bloques opositores coinciden en la necesidad de avanzar. Incluso están dispuestos a que sea el Poder Ejecutivo quien cargue con el costo político de un eventual veto, como ya ocurrió en 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, extender por dos años el régimen de regularización previsional implicaría un gasto fiscal equivalente al 0,165% del PBI acumulado en ese período.
En lo que refiere al capítulo jubilatorio, los bloques opositores coinciden en la necesidad de avanzar. Incluso están dispuestos a que sea el Poder Ejecutivo quien cargue con el costo político de un eventual veto, como ya ocurrió en 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, extender por dos años el régimen de regularización previsional implicaría un gasto fiscal equivalente al 0,165% del PBI acumulado en ese período.
Además, se impulsa la actualización del bono previsional, congelado en $70.000 desde el año pasado. Elevarlo a $105.000 a partir de junio tendría un impacto fiscal de $1,16 billones en el segundo semestre de 2025 (0,14% del PBI) y de casi $2 billones si se lo anualiza (0,23% del PBI).
