En la recta final de 2025, la Legislatura está abocada a dos cuestiones principales que generan un fuerte debate: el tratamiento del Presupuesto 2026 por casi $ 5 billones, que se trataría el jueves 4 de diciembre, y la reforma electoral, para la cual el vicegobernador Miguel Acevedo busca consensos para intentar avanzar. Sin embargo, en la Cámara hay otras iniciativas que prometen dar que hablar. Una de ellas busca que se impida que personas condenadas en primera instancia puedan postularse para cargos electivos.

Esta propuesta “recargada” de “Ficha Limpia” fue presentada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse (bloque Justicialista). En 11 artículos -siendo el último de forma, el peronista propone un “régimen de integridad, idoneidad y lucha contra la corrupción y los delitos graves”. En la primera de las entradas fija que el objetivo es “impedir el acceso a cargos públicos electivos o de alta función política a las personas que registren condena penal en primera instancia, dictada en juicio oral y público, por delitos graves que comprometen la ética pública, la integridad de las personas, la seguridad institucional, el orden democrático y el funcionamiento del Estado”.

El proyecto establece en el artículo segundo que “serán inhábiles para ser precandidatos o candidatos a cualquier cargo público electivo las personas que registren condena penal en primera instancia, dictada en juicio oral y público, por ciertos delitos. “La inhabilidad se mantendrá hasta que exista sentencia absolutoria firme, sobreseimiento definitivo, o revocación total de la condena”, se precisó.

Quiénes no pueden

Entre los delitos contemplados para que se imposibilite la candidatura están: contra la administración pública; contra la integridad sexual en casos graves; por narcotráfico y delitos de estupefacientes; trata y explotación de personas; delitos dolosos contra la vida; contra la libertad individual; por criminalidad organizada, lavado y terrorismo; por delitos contra el orden constitucional; y por lesa humanidad y genocidio.

La propuesta de Vargas Aignasse, que contó también con la firma de Roberto Moreno, propone que queden alcanzados por la iniciativa: precandidatos y candidatos a cargos electivos; legisladores provinciales; intendentes y concejales; delegados comunales; ministros, secretarios y subsecretarios; secretarios de Estado; directores, subdirectores y autoridades superiores de entes autárquicos, descentralizados y empresas públicas; así como funcionarios de jerarquía equivalente.

“La existencia de una condena penal en primera instancia, dictada en juicio oral y público, constituye un criterio objetivo y razonable de inhabilitación para ser candidato o precandidato a cargos electivos. La sentencia de primera instancia no es una mera imputación ni un acto preliminar: es el resultado de un debate contradictorio, de pruebas producidas y valoradas en audiencia pública y de la intervención de un tribunal imparcial. No implica una pena ni una afectación a la libertad del condenado, sino la fijación de una condición de acceso a la función pública orientada a preservar la integridad del sistema democrático”, fundamentó el parlamentario capitalino.

Sin avances en comisión

La propuesta de Ficha Limpia Vargas Aignasse es más severa que la que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura en noviembre de 2024, la cual fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales pero no fue tratada ni cuenta con dictamen. Aquella iniciativa que llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, propone que inhabilite para precandidatos o candidatos a aquellas personas que hayan cometido delitos graves similares a los del otro proyecto, incluyendo a deudores alimentarios. Sin embargo, establece que “la exclusión será aplicable desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

“No se trata de castigar un crimen que ya ha sido tratado en la justicia penal sino de proteger a la ciudadanía estableciendo las condiciones de idoneidad para ser funcionario o candidato cuyas conductas previas, violatorias de los bienes jurídicos más preciados, no sean acordes a la investidura que pretenden. Se trata de dignificar la función pública y legitimarla ante la sociedad cuyos intereses deben representar y defender”, fundamentó el mandatario.

Antecedentes

No es la primera vez que se presentan en la Cámara iniciativas por Ficha Limpia. En septiembre de 2020 el legislador mandato cumplido José María Canelada (actual concejal de la Capital) presentó la primera iniciativa bajo el término de Ficha Limpia, con parámetros muy similares a los que acercó el Poder Ejecutivo. Su propuesta, sin embargo, nunca prosperó y perdió estado parlamentario sin haber sido tratada ni dictaminada.

Ficha Limpia en el mundo: las leyes que vetan candidaturas por condena rigen en varios países

Leyes que prohíben a políticos condenados ser candidatos en elecciones ganaron terreno en países como Brasil, Perú, Italia y Colombia. Prometen elevar la vara ética en la política, aunque organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como expertos constitucionalistas, advierten sobre sus riesgos: desde restricciones indebidas a los derechos políticos hasta una afectación de la presunción de inocencia.

En Argentina, en tanto, el proyecto de Ficha Limpia (tenía media sanción) fue rechazado por el Senado en mayo. La propuesta impedía que sean candidatos a cargos públicos quienes tienen condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia, pero esa condena debe ser confirmada antes del cierre de los padrones electorales. La Libertad Avanza buscaría insistir con la propuesta con el nuevo Congreso.