En San Miguel de Tucumán son más de 40 los agentes de tránsito que, a diario, encaran sus funciones en la vía pública y están expuestos a eventuales tensiones que surgen de la dinámica urbana. Como herramienta para estos casos, la Municipalidad capitalina ordenó la compra de 70 bodycams (o cámaras corporales) que serán repartidas entre inspectores y oficiales de Tránsito, de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC) y de Defensa Civil.
Las bodycams son pequeñas cámaras portátiles que se pueden usar en el cuerpo, generalmente adheridas a la ropa o al uniforme de un individuo. Estos dispositivos están diseñados para grabar en tiempo real, lo cual permite documentar eventos y situaciones.
El municipio hará uso de las cámaras corporales para el monitoreo de lo que sucede en las calles. “Hoy por hoy la tecnología nos está favoreciendo, como en cualquier situación de violencia que fue filmada por un tercero o por nuestros propios agentes. Ellos en los próximos días saldrán con sus respectivas bodycams a la vía pública”, indicó José María Mansilla, director de Tránsito y de Transporte Público, Seguridad Vial y Licencias de Conducir.
Según explicó el funcionario, el control directo de esta herramienta lo tendrá el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM). “En una muy buena decisión de nuestra intendenta, Rossana Chahla, se ha dispuesto que todo lo que sea monitoreo de bodycam esté a cargo de la gente del COMM, que tienen una expertise mucho más práctica en estos trabajos”, remarcó.
Pérdida de respeto
En este sentido, Mansilla se refirió a la figura del agente de tránsito y a las consecuencias de su exposición en la vía pública. “Cuando uno analiza las variables para corregir situaciones problemáticas, el primero es el factor humano. Tenemos una sociedad que ha ido perdiendo el respeto por el viejo policía de tránsito, e incluso antiguas gestiones incorporaron agentes que no tenían una formación adecuada o que provenían de otras reparticiones y tenían funciones administrativas. Eso ha ido distorsionando el perfil de nuestros agentes y la comunidad les fue perdiendo el respeto”, señaló.
Es por eso que el encargado de las reparticiones aseveró que la función del agente es la de fedatario público, según lo establece el Código de Tránsito vigente. “Hay que respetar al agente de tránsito porque todo cuanto él ve y documenta en las actas de infracción tiene carácter jurídico; ese es el nivel de formación de nuestros trabajadores. Además, la tecnología nos va a permitir incorporar un nuevo margen de veracidad con el documento gráfico”, planteó.
Asimismo, Mansilla reconoció el trabajo que realiza el municipio en la misma línea. “Tuvimos que capacitar a todo nuestro recurso humano, porque había muchos agentes de tránsito que tenían falencias importantes en su trabajo y tuvimos que empezar a trabajar desde cero; heredamos a gente que no sabía nominalizar el sitio de una infracción”, ejemplificó.
Por otro lado, el funcionario mencionó que se generaron mesas de reunión con los referentes de cada área operativa; se dividió el microcentro y las zonas de acceso en cuadrante para identificar mejor a los agentes con silbato, manguilla y gorra; y se mejoró la calidad de la prestación fomentando la visibilización. “El trabajo es muy arduo, debe ser intenso. Estamos reponiendo múltiples servicios que nos piden en la medida de nuestras posibilidades”, resaltó.
Un hecho aislado
Los agentes de tránsito pueden estar expuestos a situaciones de violencia. Y si bien Mansilla analizó que se trata de hechos aislados, en los últimos meses se produjo uno que acabó en la hospitalización de un trabajador municipal.
Según se informa en el decreto N° 0566 de la Secretaría de Movilidad Urbana, en agosto, el taxista J. L. H. V. agredió al agente A. H. J. por haberle labrado un acta por estacionarse en una dársena (zona prohibida). “(El conductor del taxi) increpó verbalmente al agente de tránsito, agrediéndolo físicamente y arrojándolo por los aires, lo que provocó su caída al suelo”, describe el escrito. El inspector lesionado fue asistido por el Servicio de Emergencias, y luego, trasladado a un sanatorio de Yerba Buena con lesiones en la mano y la rodilla.
Frente a este hecho, esta semana el municipio declaró la caducidad de la licencia del titular (a nombre de A. E. V.) y la inhabilitación por el término de dos años para explotar el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa), en cualquiera de sus modalidades.
Al vehículo se lo despojará de los emblemas y colores identificatorios del Sutrappa, bajo apercibimiento de proceder al secuestro del mismo; y se comunicará al cuerpo de inspectores para que, en caso de encontrar el coche circulando, se proceda a su retención, labrando el acta correspondiente y remitiendo las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas.
