Nuevos fondos buitre avanzaron en la justicia de Estados Unidos para quedarse con el 51% de las acciones de YPF que todavía controla el Estado argentino. Las presentaciones se sumaron tras el fallo de la jueza Loretta Preska, que autorizó la ejecución de ese paquete accionario como resarcimiento por la expropiación de la petrolera en 2012.
Los nuevos demandantes son acreedores de títulos en default desde la crisis de 2001, quienes rechazaron los canjes de deuda lanzados por la Argentina en los años posteriores. Ahora buscan hacer valer sus fallos firmes para obtener prioridad sobre los reclamos de Petersen/Eton y Bainbridge, que también litigan por el mismo capital accionario.
Según confirmó el analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors, los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee iniciaron presentaciones ante el tribunal de Preska para reclamar ese activo como parte de sus sentencias impagas.
Estrategia “me too”
Los fondos buscan que Preska extienda el alcance del fallo a su favor a través de una orden conocida como “me too”, una figura legal que permite incluir a nuevos acreedores bajo la cobertura de una sentencia ya dictada. Attestor Master Value y Trinity Investments cuentan con el patrocinio del abogado Dennis Hranitzky, conocido por representar en 2012 al fondo NML-Elliott en la causa que derivó en la incautación de la Fragata Libertad en Ghana.
Los acreedores sostienen que la Argentina sigue siendo titular del 51% de YPF y que ese activo debe utilizarse para cumplir con los fallos judiciales. Alegan respaldo en legislación estadounidense y en normas internacionales aplicables a defaults soberanos. Según Latam Advisors, las sentencias de estos fondos son anteriores a las causas Petersen/Eton y Bainbridge, lo que abre un nuevo frente judicial sobre el destino de uno de los activos estratégicos más importantes del país en el exterior.
Estrategia oficial y pedido de suspensión
Mientras tanto, el Gobierno argentino espera la respuesta de Preska a un pedido para suspender el fallo mientras prepara una apelación ante una Corte de segunda instancia en Estados Unidos. La presentación fue realizada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, que argumentó que los fundamentos oficiales podrían prosperar, que el país sufriría un daño severo si no se habilita la apelación y que el interés público justifica la suspensión.
