El presidente Javier Milei firmó el decreto 137/2025 para nombrar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se tomó ante la falta de consenso en el Senado, que mantiene trabadas las nominaciones desde marzo del año pasado.
Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno pretende que ambos jueces asuman cuanto antes, aunque el proceso enfrenta obstáculos judiciales y una fuerte resistencia política. La oposición denuncia una violación de la Constitución y advierte que el nombramiento por decreto podría judicializarse en los próximos días.
El Ejecutivo justificó la medida citando el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que habilita al Presidente a cubrir vacantes en comisión cuando el Senado está en receso. Según el comunicado oficial, la Cámara Alta tiene la facultad de aprobar o rechazar las propuestas presidenciales, pero no puede imponer sus propios candidatos.
La Casa Rosada optó por acelerar el proceso tras las trabas impuestas por el kirchnerismo en el Senado, bajo el principio de «los dos o ninguno». Fuentes cercanas a Milei sostienen que el Gobierno busca avanzar sin retrocesos:
«Este gobierno es un auto sin la R de Reversa. Mientras otros esperarían o buscarían negociar, nosotros aceleramos», señalaron.
Sin embargo, la situación de Lijo es particular, ya que actualmente es juez federal a cargo de dos juzgados en Comodoro Py. Para asumir en la Corte, deberá solicitar una licencia extraordinaria, que primero debe ser avalada por la Cámara Federal y luego por la propia Corte Suprema, presidida por Horacio Rosatti.
El escenario genera incertidumbre, ya que existen antecedentes tanto a favor como en contra de que un juez pueda retener un tribunal inferior mientras cumple una función provisoria en una instancia superior.
El rechazo de la oposición
Desde el kirchnerismo y otros bloques opositores, la reacción fue inmediata. El interbloque Unión por la Patria publicó un comunicado donde calificó la medida como una «violación tajante» de la Constitución y la normativa vigente.
«Rechazamos de forma categórica la designación de Lijo y García-Mansilla en comisión y por decreto», expresaron en el documento.
El senador formoseño José Mayans, jefe del bloque K, criticó la falta de diálogo del Ejecutivo y aseguró que el Senado estaba dispuesto a negociar.
«Ofrecimos una conversación entre las fuerzas políticas para resolver esto en una semana. Pero si el Gobierno quiere imponer sus candidatos sin consenso, es difícil que logren el acuerdo», afirmó.
La postura fue respaldada por dirigentes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, quienes participaron de un seminario organizado por la revista Parlamentario.
Un proceso judicial incierto
Más allá del enfrentamiento político, el nombramiento por decreto podría enfrentar una batalla legal. Si bien el Gobierno insiste en que la designación es constitucional, sectores judiciales plantean que el mecanismo es controvertido y podría ser objetado en tribunales.
Uno de los puntos clave será la decisión de la Corte Suprema sobre la licencia de Lijo. Si el máximo tribunal no la aprueba, su asunción quedaría en suspenso, generando un nuevo conflicto institucional.
Mientras tanto, en la Casa Rosada mantienen la presión para que los jueces asuman cuanto antes. Sin embargo, el proceso aún debe sortear obstáculos que podrían dilatar la definición más de lo que el oficialismo espera.
