En un movimiento de último momento antes de la expiración de las facultades delegadas, el gobierno de Javier Milei oficializó una serie de reformas estructurales en Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Los cambios, implementados a través de cuatro decretos, apuntan a modernizar las leyes orgánicas, estructuras y competencias de estas instituciones clave. Los decretos, firmados por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, otorgan a cada organismo un plazo de 90 días para presentar proyectos de reglamentación y adaptación interna.
Puntos clave de las reformas:
Gendarmería Nacional: el Decreto 454/2025 deroga la Ley de Gendarmería Nacional Nº 19.349 (vigente desde 1971) y los artículos 2º al 6º de la Ley Nº 18.711, y aprueba un nuevo estatuto.
Se justifican los cambios por la necesidad de racionalizar funciones, jerarquizar la carrera profesional, modernizar la estructura organizativa, incorporar principios de buen gobierno y transparencia, y establecer un régimen disciplinario más ágil y eficaz.
Entre las modificaciones, se destacan la redefinición de escalafones, grados jerárquicos y ascensos, la reorganización de áreas para fortalecer el control fronterizo y la lucha contra delitos federales complejos (narcotráfico, terrorismo) y la expansión de su jurisdicción al ciberespacio para combatir el ciberterrorismo.
Servicio Penitenciario Federal: el Decreto 455/2025 reemplaza la Ley Orgánica de 1967 por un nuevo estatuto que, si bien mantiene gran parte del contenido original, incorpora una estructura renovada.
Se crean la Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y la Dirección General de Personal, Formación y Bienestar. La reforma más significativa es el traspaso del SPF del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Además, se proyecta un Plan de Infraestructura Penitenciaria y se autoriza la reubicación de establecimientos en zonas urbanas con el objetivo de «mejorar las condiciones de detención y la seguridad».
El gobierno argumentó que estos cambios son necesarios para modernizar el servicio penitenciario y consolidar valores éticos como el respeto por los Derechos Humanos y el compromiso con la función pública.
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): el Gobierno amplía el alcance operativo de la PSA, permitiéndole realizar tareas de seguridad interior en otros medios de transporte además de la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas.
Se crea un nuevo escalafón técnico profesional, se introduce la figura del cadete, un nuevo sistema disciplinario y un tribunal de conducta. También se reorganiza su estructura interna con la creación del cargo de Subdirector Nacional. El objetivo declarado es fortalecer un modelo policial proactivo, optimizar la operatividad y garantizar una rápida respuesta a las demandas de la sociedad.
Prefectura Naval Argentina: el Decreto 457/2025 modifica la ley de 1969, actualizando las competencias de la fuerza y eliminando «funciones obsoletas» como el juzgamiento de contravenciones y el otorgamiento de beneficios postales. Se reorganiza su estructura y se unifican competencias relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.
La Prefectura Naval Argentina ejercerá el servicio de Policía de Seguridad de la Navegación, Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, Policía de Seguridad y Protección Marítima y Policía Judicial, así como la Jurisdicción Administrativa de la Navegación. La justificación del gobierno es la necesidad de incrementar la seguridad del transporte por agua, tanto en la navegación como en la interfaz buque-puerto, para prevenir actividades ilícitas.
