El interventor del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, confirmó que entre 15.000 y 70.000 usuarios podrían sufrir aumentos en sus facturas de energía eléctrica. La suba responde a recategorizaciones realizadas por la Secretaría de Energía de la Nación, que excluyeron a miles de beneficiarios tras un cruce de datos.

Ascárate explicó que la medida fue tomada por el Gobierno nacional, considerando ingresos, propiedades y vehículos de los usuarios. El impacto se reflejará en las boletas de enero y febrero, afectando principalmente a hogares de bajos ingresos (categoría N2).

“Estamos cruzando datos entre octubre y enero. Decenas de miles de usuarios dejarán de recibir el subsidio. Esto no es una decisión provincial”, aclaró Ascárate.

El cambio generó reclamos judiciales. Un fallo del juez Pedro Yane Mana, tras una acción de amparo promovida por la Asociación Redecu y el diputado Carlos Cisneros, ordenó al Ersept atender urgentemente las quejas. Sin embargo, Ascárate advirtió que la resolución tiene origen nacional y deberá discutirse la competencia.

En respuesta, Tucumán busca paliativos locales. Un convenio firmado en 2024 con EDET estableció descuentos fijos de $5.000 a $7.000 para usuarios N2. Sin embargo, los recortes nacionales complican esta solución.

El gobernador Osvaldo Jaldo instruyó al Ersept a realizar gestiones para restituir los subsidios. No obstante, Ascárate advirtió que el problema excede las facultades provinciales: “Tenemos un problema que no sabemos dónde termina”.

La situación recuerda el antecedente salteño de 2024, donde 27.000 usuarios mantuvieron la tarifa social tras una acción judicial. En Tucumán, se evalúan medidas similares para proteger a los sectores más vulnerables.