Monteros consideró que sería «un privilegio» que Jaldo encabece la nómina de aspirantes a diputados.

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En medio de la pulseada por la conformación de listas de cara a las elecciones legislativas de octubre, que redefinirán el mapa político en el Congreso, el peronismo tucumano analiza estrategias para consolidar su fuerza frente al avance de La Libertad Avanza (LLA). En ese contexto, el ministro del Interior, Darío Monteros, no descartó que el gobernador Osvaldo Jaldo lidere la nómina de candidatos a diputados nacionales, aunque evitó confirmaciones y subrayó que el justicialismo cuenta con otros dirigentes con «imagen y participación valiosa».

La apuesta electoral del PJ Monteros enfatizó la importancia de mantener una bancada provincial fuerte en el Congreso para defender los intereses de Tucumán en las negociaciones con Nación.

«Vamos a presentar una lista con el respaldo de casi el 100% de la estructura del PJ y la dirigencia, para ganarle a LLA en octubre», aseguró. Sin embargo, dejó en manos del mandatario la definición final sobre los nombres que encabezarán la boleta.

La tensión con Tafí Viejo y la polémica por fondos El funcionario también se refirió al conflicto con el municipio de Tafí Viejo, que abandonó el «Pacto Social» y acusa al gobierno provincial de retener transferencias.

Monteros desmintió discriminación y explicó que, tras la salida del acuerdo fiscal en enero, la comuna recibe el 100% de la coparticipación, pero arrastra una deuda heredada de la gestión anterior. «En el gobierno de Manzur se giraron fondos adicionales a todos los municipios, y eso generó un pasivo», precisó. Y ejemplificó: «Concepción saldó su deuda en seis meses; Tafí Viejo aún no». La intendenta Alejandra Rodríguez y su esposo, el legislador Javier Noguera, mantienen una pulseada política con la Casa de Gobierno, aunque Monteros evitó vincular el tema financiero con esa disputa.

La semana pasada, el fiscal municipal Víctor Schedan denunció un «reparto desigual» de recursos desde la asunción de Jaldo, una acusación que la provincia rechaza. La tensión sigue abierta, en un año donde lo electoral y lo administrativo se entrelazan.

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