Cinco militares murieron ahogados y otro está desaparecido después que intentaron cruzar un caudaloso río para escapar de manifestantes que los atacaron con piedras en la región de Puno, sur del Perú y epicentro de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
El general Jhony León, jefe de la Región Militar Sur, dijo al canal N de televisión que los soldados habían sido agredidos por la población de la zona.
“Cruzamos el río (…) porque no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Eran entre 800 y 900 personas que nos rodearon y nos empezaron a tirar piedras. La gente nos decía corruptos y asesinos”, dijo uno de los soldados sobrevivientes identificado como Vilca. Según su versión, los militares trataron de hacer una cadena humana, pero fueron arrastrados por las aguas.
“Ahí fue cuando la corriente nos llevó y allí se ahogaron algunos de la tropa”, afirmó.
La cifra de víctimas desde que estallaron las protestas contra Dina Boluarte asciende a 53
Los militares intentaron cruzar el caudaloso río Llave, afluente del lago Titicaca. Pero fueron arrastrados por la corriente. Varios soldados pudieron ser rescatados por los mismos pobladores.
Según el diario El Comercio, los soldados recibieron la orden de ingresar al río, pese a que algunos no sabían nadar.
En el marco de la crisis política que desencadenó la caída de Pedro Castillo el 7 de diciembre, la cifra de muertos asciende 53 personas, incluidos los cinco soldados en Puno, en protestas y choques con la fuerza pública.
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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se registraron 1300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.
Cómo fue el ataque a una patrulla del ejército en Puno
La patrulla se trasladaba desde Llave hacia la ciudad de Juli, también en Puno, donde el sábado estallaron enfrentamientos que causaron al menos 16 heridos entre civiles y militares y una comisaría incendiada.
El jefe de la Región Militar Sur, Jhony León Rabanal, dijo que se trató de “un ataque artero”.
Puno es el epicentro de las protestas contra la presidenta Boluarte. Allí se concentra el mayor apoyo al destituido presidente Pedro Castillo. El exmandatario, quien fue investigado por presunta corrupción, fue separado de la presidencia acusada de un fallido golpe de Estado.
Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída desató violentas protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.
