El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, protagoniza un nuevo escándalo del gobierno de La Libertad Avanza tras la difusión de un video en el que promete respaldo político, mediático y judicial al polémico ex agente estadounidense Tim Ballard.
En un video captado por una cámara oculta, y viralizado en las últimas horas, se puede ver al ministro manteniendo una conversación con Ballard, conocido mundialmente por haber inspirado la película «Sonido de Libertad», que aborda el tema del tráfico infantil y fue fuertemente debatida tanto por su mensaje como por las figuras involucradas.
El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Nueva York y fue registrado sin que el funcionario argentino advirtiera que estaba siendo grabado, según informó el canal C5N, que difundió el material. A lo largo del video, se puede escuchar al ministro ofreciendo su ayuda a Ballard con el objetivo de «cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país» respecto a su figura pública, que ha sido objeto de críticas y desconfianza por parte de ciertos sectores políticos y mediáticos en Argentina.
Cúneo Libarona le manifiesta su disposición a colaborar activamente en el terreno mediático. El funcionario le asegura a Ballard que puede facilitar su relación con la prensa local y contribuir a mejorar su imagen en la opinión pública nacional.
Lo más cuestionable se produce cuando el ministro menciona de forma explícita su influencia en otras áreas del poder. «Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos», se lo escucha decir.
Además le ofrece contacto directo con legisladores argentinos y la posibilidad de revisar un proyecto de ley que, según Cúneo Libarona, él mismo habría redactado antes de enviarlo al Congreso. Esta conversación podría interpretarse como una intromisión en la independencia de los poderes del Estado.
La difusión del video provocó fuertes reacciones en el arco político, ya que exhibe al ministro de Justicia de la Nación utilizando su cargo para ofrecer gestiones a favor de un ciudadano extranjero con el que no parece haber vínculo institucional formal. El hecho ocurre, además, en un contexto particularmente sensible para el gobierno de Javier Milei, que construyó buena parte de su discurso político sobre la promesa de erradicar prácticas propias de «la casta» y combatir todo tipo de corrupción dentro del Estado.
Diputados piden la renuncia de Cúneo Libarona
Desde la oposición, varios dirigentes exigieron la renuncia inmediata del ministro por considerar que su conducta configura tráfico de influencias, vulnera la Ley de Ética Pública y representa una gestión ilegal de intereses de un particular extranjero.
El diputado nacional Esteban Paulón fue uno de los primeros en expresarse: «Cúneo Libarona debe cesar en su cargo urgentemente. No tiene aptitud ni integridad. Si Milei no le pide la renuncia, deberá enfrentar el juicio político».
También se pronunció la diputada socialista Mónica Fein, quien calificó al ministro como «corrupto». En tanto, Maximiliano Ferraro, de la CC, fue aún más categórico: «Le ofreció una ley penal a medida, respaldo mediático y contactos políticos a alguien acusado de abuso sexual, trata de personas y fraude. Es un escándalo que exhibe tráfico de influencias, violación de la Ley de Ética Pública y gestión ilegal de intereses».
Ferraro también repasó el historial del ministro, al que vinculó con causas judiciales sensibles y polémicas defensas: «Tiene un prontuario que lo inhabilita moral y políticamente para cualquier función pública: fue detenido por encubrimiento en la causa AMIA, defendió a (José) Alperovich en un caso de abuso sexual, representó a empresarios imputados en la causa Cuadernos y en la tragedia de Time Warp, y promovió discursos misóginos y homofóbicos».
«Este es un gobierno reñido permanentemente con la ética e integridad pública. No entienden los límites ni las restricciones que tienen como funcionarios públicos», concluyó Ferraro.
Mientras crecen las críticas y la presión política, desde la Casa Rosada aún no hubo declaraciones oficiales. Sin embargo, la oposición ya coordina acciones para avanzar con un pedido formal de juicio político si no se concreta la renuncia.
