El Gobierno oficializó un decreto que permite a las empresas de medicina prepaga aplicar aumentos diferenciados en sus planes de salud, poniendo fin a la obligación de realizar ajustes proporcionales para todos los afiliados. La medida, establecida en el Decreto 102/2025, busca corregir lo que considera una distorsión del sistema y permitir una mayor competencia en el sector.
Según la normativa, las compañías podrán actualizar sus tarifas de manera segmentada, adecuando los incrementos a las características específicas de cada plan. Además, se mantiene la restricción de que la cuota de la última franja etaria no podrá superar el triple del valor de la primera.
Desde la Casa Rosada sostienen que la obligación de aplicar aumentos uniformes generaba una transferencia indirecta de costos entre afiliados con planes más económicos y aquellos con coberturas más costosas. «Este cambio evita que quienes tienen planes más baratos subsidien a quienes cuentan con mayores beneficios, eliminando una asimetría que perjudicaba a la clase media», argumentaron fuentes oficiales.
Nuevas reglas para los aumentos
La norma establece que las prepagas deberán informar a sus afiliados sobre cualquier ajuste en las cuotas dentro de los cinco días posteriores a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Indec. Además, las modificaciones deberán ser comunicadas con al menos 30 días de anticipación a su aplicación.
Los puntos principales del decreto incluyen:
- Eliminación del aumento uniforme: las prepagas podrán fijar valores distintos según el plan.
- Ajustes diferenciados: cada plan tendrá un incremento basado en sus características.
- Tope en la franja etaria más alta: la cuota de los afiliados mayores no podrá triplicar la de los más jóvenes.
- Transparencia en la comunicación: las empresas deberán informar detalladamente a los usuarios sobre los aumentos.
Desde el sector empresario ven con buenos ojos la flexibilización de las tarifas, argumentando que permitirá una mejor asignación de costos y garantizará la sostenibilidad financiera de las prestadoras. No obstante, organizaciones de consumidores advierten que la medida podría derivar en fuertes subas para ciertos segmentos y afectar el acceso a la salud privada.
La implementación de este nuevo esquema marcará un cambio en el modelo de actualización de precios de la medicina prepaga, en un contexto de alta inflación y ajuste económico. Resta por ver cómo impactará en los bolsillos de los afiliados y si, en la práctica, logrará el equilibrio entre competencia y accesibilidad que busca el Gobierno.
