Dos comerciantes le solicitaron a la Justicia Federal que se investigue a Susana Trimarco por un presunto alquiler irregular de un inmueble ubicado en la zona de El Bajo, el cual fue otorgado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Fundación María de los Ángeles. En la Institución negaron su vinculación con la propiedad mencionada por los inquilinos, la cual fue allanada días atrás por una denuncia de venta de mercadería de contrabando.

El pedido fue realizado el miércoles a la mañana mediante un escrito presentado por Cynthia Rosa Gaitán y Jhonathan David Aguilar, a raíz de un allanamiento que se realizó el pasado 22 de octubre en el inmueble donde funciona su comercio. Dicha medida se llevó a cabo como consecuencia de una denuncia anónima efectuada al Ministerio Público, en la cual se los acusaba de utilizar un bien del Estado para vender mercadería traída de contrabando.

Vínculo y alquiler

Según explicaron los comerciantes, que son representados por el abogado Ernesto Baaclini, ellos tenían un local comercial en la galería ubicada sobre la avenida Sáenz Peña, destinado a la venta de indumentaria, acolchados y electrodomésticos. En 2024 comenzaron a buscar un nuevo lugar por la zona de El Bajo, con la intención de ampliar su negocio y tener mayor comodidad.

Fue así como descubrieron el inmueble ubicado en el pasaje Sargento Gómez 60. “Tomaron contacto en forma directa con Susana Trimarco en la sede de la Fundación María de los Ángeles y luego de diversas tratativas, celebraron, a entender de mis representados, un contrato de locación firmado el 7 de agosto de 2024 por el apoderado, Augusto Reinoso”, plantea el documento enviado al Juzgado Federal N°1 de Tucumán.

Las partes habrían acordado el pago de una llave de $6.000.000 -abonado en dólares y pesos argentinos-, y un canon mensual de $3.000.000. Hace unos meses la pareja habría sido intimada por el apoderado de la Fundación, Carlos Abel Albarracín, a desalojar el inmueble por ocupación ilegal ya que habrían incumplido con los plazos y el pago del alquiler. En la carta documento les advirtió que si no acataban la orden, se iniciarían acciones civiles y penales en su contra.

Los inquilinos respondieron la notificación negando estar ocupando de manera ilegal el inmueble y posteriormente habrían llegado a un arreglo con Trimarco, en el que ambos desistirían de continuar con acciones legales.

“No obstante ello, con sus influencias hizo que allanaran y le quitaran el local comercial”, aludió el abogado de Gaitán y Aguilar en el escrito. La sospecha de los inquilinos es que Trimarco habría realizado una denuncia anónima falsa para que las autoridades los desalojaran. “El problema es que esa propiedad había sido entregada por el AABE a la Fundación, por lo que ella no podía alquilar el inmueble; por eso realizó la denuncia anónima”, sostuvieron.

En el escrito le solicitaron al juez subrogante, José Manuel Díaz Vélez, que se ordene el allanamiento en el domicilio de la Fundación María de los Ángeles con el fin de secuestrar los libros contables, documentos y pagarés firmados por Gaitán que acrediten el ingreso de los pagos de la locación, para así verificar si el dinero que los inquilinos abonaron durante este tiempo fue destinado a la Fundación o a Trimarco para su uso personal. Además requirieron que se secuestren los teléfonos celulares de Susana Trimarco y de la tesorera del organismo.

Para respaldar el pedido, Baaclini adjuntó una serie de documentos, capturas de pantalla de mensajes intercambiados entre Gaitán y Aguilar con miembros de la Fundación, comprobantes de transferencias, videos y audios que habrían sido enviados por Trimarco reclamándoles el pago del alquiler.

Respuesta

A través de un comunicado de prensa, la Fundación María de los Ángeles negó su vinculación con el domicilio allanado. “Esta institución no es dueña ni tiene propiedades en ningún punto de la provincia. Negamos rotundamente tener algún tipo de vinculación actual y vigente con un inmueble de calle Sargento Gómez N° 60 de esta ciudad. El referido se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional, en el marco de una causa penal por trata de personas”, indicaron.

“Siendo esta una institución referente reconocida internacionalmente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por pedido judicial, otorga tenencias precarias a instituciones y organizaciones de distinta índole por tiempo limitado. Ejemplo de ello es el inmueble situado en calle Sargento Gómez N°58 (distinto al allanado). El referido permanece vacío, a disposición de la sociedad”, agregaron.

Al cierre de esta edición, los representantes legales de la institución le informaron a LA GACETA que aún no tomaron conocimiento del escrito presentado por Gaitán y Aguilar en la Justicia Federal.