La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, encabezada por Diego López Ávila, convocó a una audiencia con el fin de formular cargos y pedir medidas cautelares en contra de un hombre sospechado de haber querido estafar a otro, intentando desalojarlo de su vivienda mediante un contrato de alquiler falso. La encargada de exponer la acusación fue la auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma.
Según relató, el 16 de septiembre del 2025, en horas a determinar, el acusado compareció ante el Juzgado de Paz de Yerba Buena, inició una demanda de desalojo y simuló ser locatario del inmueble ubicado en calle Brasil al 800, de dicha ciudad, presentando un contrato de locación falso en su contenido, en el cual figuraba como locador y como locatario la víctima, fechado el 19 de marzo del 2020.
Dicho documento contaba con diez cláusulas, disponiéndose en una de ellas el vencimiento del alquiler el 20 de marzo del 2025, fecha en que debía restituirse el inmueble libre de todo ocupante, con la apariencia de autenticidad, ya que contenía la firma falsa de un escribano con sellado, con el fin de hacer incurrir en error a la jueza y provocar el desalojo del inmueble propiedad de la víctima.
“Armaron esto”
Brito Ledesma le endilgó al imputado ser presunto autor del delito de estafa procesal en grado de tentativa. Entre las evidencias colectadas hasta el momento, la representante del MPF mencionó la entrevista testimonial realizada en Fiscalía a la víctima, donde ratificó lo denunciado en primera instancia.
Allí manifestó: “Yo nunca firmé un contrato de locación con el señor. Al inmueble lo compré en 2003, vivo ahí hace como 15 años con mi pareja y mis dos hijos. Al señor lo conozco y, que yo sepa, nunca vivió en mi domicilio. Él es padrino de mi hija, al igual que su abogado, que en otra causa fue defensor mío, pero yo le revoqué el poder. Entre los dos vieron la posibilidad de quedarse con mi propiedad y armaron esto”.
Finalmente, la auxiliar de fiscal requirió que se impongan medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de tres meses. El juez resolvió aceptar todo lo demandado por la acusación pública.
