Se redujo estructura política, se reorganizaron programas superpuestos, se eliminaron subsidios al sector privado y se dejaron sin efecto compras sin prioridad sanitaria.

El Ministerio de Salud de la Nación avanzó en la reducción del 60% de la planta política, eliminando cargos y estructuras de programas que estaban creados de forma innecesaria y que se superponían en sus tareas, además de dejar sin efecto subsidios a empresas privadas y procesos de compras sin prioridades sanitarias, lo que significó un ahorro total de 140 mil millones de pesos.

En lo que respecta al Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (FESCAS) se finalizó con la entrega de subsidios al sector privado por 65 mil millones de pesos, cortando un financiamiento discrecional y sin contraprestación, que será destinado a cubrir deuda y pagos futuros para cumplir con la Ley de Oncopediatría.

Asimismo, en el marco de la redefinición de competencias entre la Nación y las provincias, se tomó la decisión de finalizar 619 contrataciones a consultores por 1.150 millones de pesos, correspondientes al Plan ENIA, un programa vinculado al embarazo no intencional en la adolescencia.

El plan en cuestión fue implementado por el Gobierno Nacional hace ya seis años con el objetivo de dejar capacidad instalada en las provincias, pero la realidad es que nunca se concretó la delegación de estas responsabilidades. Incluso, la contratación de consultores presentaba llamativas discrecionalidades que habilitaban el uso político.

Es importante destacar que, como organismo sanitario nacional, el Ministerio de Salud, ejerce el rol rector que marca el rumbo y define cuáles son las estrategias a seguir, mientras que las provincias tienen la responsabilidad de aplicarlas en sus respectivos territorios.

Esto significa que, en este caso, si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a continuar con el desarrollo del Plan, a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos.

Se avanzó también en la revisión del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). Bajo el amparo de la ley 27350 destinada a la investigación del uso medicinal del Cannabis se aprobaron durante la gestión anterior solicitudes de inscripción de manera muy laxa, desvirtuando el espíritu de la misma. Se encontraron más de 90 mil solicitudes de personas físicas sin diagnósticos con evidencia científica suficiente.

Compras sin prioridades sanitarias

En una primera etapa de la auditoría realzada se encontraron procesos de compra abiertos por 5500 tablets y 1500 motos por un monto de USD 6.600.000 (presupuestados en abril del 2023), que al no tener una prioridad en términos sanitarios se dejó sin efecto. También se dieron de baja 48 unidades móviles.