Un grupo de senadores de Unión por la Patria (UP) presentó en la Cámara alta un proyecto de ley que busca obligar a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado a repatriar al menos el 50% de sus activos financieros declarados en el extranjero. La iniciativa fue titulada “Ley de recuperación de la confianza financiera” y apunta a fortalecer la credibilidad institucional mediante el ejemplo de quienes ejercen cargos públicos. El objetivo central del proyecto es alentar la confianza en las políticas económicas nacionales y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento de las reservas de divisas del país. Para ello, establece que quienes no cumplan con la repatriación en un plazo de 30 días deberán presentar su renuncia al cargo que ocupan. La norma también prohíbe realizar transferencias o maniobras sobre los activos financieros que puedan interpretarse como intentos de ocultar la titularidad real, lo que podría ser considerado como una acción fraudulenta. Según los fundamentos del proyecto, la propuesta surge en línea con los discursos de funcionarios nacionales que han instado a los ciudadanos a movilizar sus ahorros en dólares fuera del sistema bancario hacia la economía formal. “Los funcionarios deben ser los primeros en mostrar confianza en las políticas que promueven”, sostienen los senadores autores del texto. El proyecto busca no solo recuperar capitales, sino también promover una señal ética desde el sector público, reclamando coherencia entre el discurso y la conducta de los representantes del Estado. La discusión de la ley se da en un contexto económico marcado por la necesidad de aumentar las reservas y mejorar la imagen de las instituciones ante la ciudadanía.