El Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) avanzan hacia una instancia decisiva de negociación con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible en torno al proyecto de reforma laboral elaborado por el Consejo de Mayo. La iniciativa, que genera un fuerte rechazo en buena parte del sindicalismo, deberá estar lista en su versión oficial el 15 de diciembre, fecha en la que será remitida al Congreso para su discusión durante el período de sesiones extraordinarias.

De acuerdo con fuentes oficiales, las conversaciones serán encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli; por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. La estrategia del Gobierno apunta a habilitar un canal de diálogo con los distintos sectores gremiales antes de la presentación final del texto, aunque en la CGT advierten que el borrador ya circulado contiene puntos que consideran inaceptables. En paralelo, la central obrera trabaja en un punteo detallado del documento a partir del aporte de sus abogados y de legisladores sindicales, con la intención de elaborar una contrapropuesta propia que sirva de base para la discusión formal.

Advertencias a Jaldo

En Tucumán, dirigentes sindicales transmitieron sus inquietudes a la conducción nacional de la CGT y también elevaron advertencias al gobernador, Osvaldo Jaldo, especialmente respecto de la postura que asumirán los diputados del Bloque Independencia -que responden a aquel- durante el debate parlamentario.

Entre quienes expresaron cuestionamientos se encuentra Adriana Bueno, secretaria adjunta de Sitas, quien señaló que la preocupación principal se centra en el impacto que la reforma podría tener sobre los trabajadores estatales, en particular del sector salud. “Advertimos, en líneas generales, que el concepto de poner en un plano de igualdad al trabajador con el empleador no está bueno”, afirmó a LA GACETA.

ADRIANA BUENO: “Esto es un retroceso de derechos”.

Bueno sostuvo que ya en el marco normativo vigente se libra una “lucha permanente para que los derechos del trabajador no sean avasallados” y citó como ejemplo las dificultades que enfrenta el personal para acceder a las vacaciones completas en áreas críticas: “Llega el período de vacaciones y es una tragedia en el sector de salud. La gente que trabaja en lugares que son turísticos parece que no tienen derecho a vacacionar cuando todos vacacionan. Por ejemplo, en los valles, hay un sinnúmero de condicionamientos para el estamento asistencial”.

La dirigente también cuestionó el posible avance del “banco de horas” y la individualización de negociaciones salariales. “Pretender que cada uno negocie con el empleador sobre su salario, es quitar el derecho de la igualdad de condiciones. Bajo ningún punto de vista el trabajador tiene la misma relación de poder con el empleador”, expresó. En su visión, la reforma se presenta como “modernización”, pero la lectura de Sitas es que implica “más un retroceso de derechos que una modernización laboral”.

Por último, Bueno remarcó que el gremio no deposita expectativas en la CGT: “A nosotros con la CGT no nos une nadie. Defendemos la autonomía de los gremios de los partidos políticos y defendemos el alcance al pliego de rehabilitaciones de los trabajadores”.

Alejandro Medina, referente de Suterh, consideró que una reforma laboral es necesaria, pero advirtió que debe surgir de un acuerdo equilibrado: “¿Necesitamos una reforma laboral? Yo creo que sí, pero a la medida que consensuen las partes”.

ALEJANDRO MEDINA: “Los cambios deben discutirse, no imponerse”.

El dirigente sostuvo que el esquema propuesto en materia indemnizatoria podría perjudicar a los trabajadores: “Quieren armar una caja para que directamente te paguen la indemnización. Por 40 años vas a cobrar 10 sueldos. Es un sistema en el que te van paulatinamente quitando los derechos”. En otras líneas, también enfatizó la unidad del movimiento obrero frente a este debate: “Hoy estamos codo a codo porque nosotros tenemos ocho diputados sindicales. Cuando le tocan los derechos a los trabajadores, sale todo el mundo a la calle”. A su vez, propuso que la creación de empleo se incentive reduciendo cargas sociales en los primeros meses y reforzando la capacitación para beneficiarios de planes.

Respecto de la posición del gobierno provincial, lanzó una advertencia puntual: “Si el Gobierno provincial va en contramano de los derechos de los trabajadores, a este Gobierno le vamos a parar. Agradecemos que apoye al transporte y a la construcción dando fuentes de trabajo, pero cuando empiezan a tocar los derechos de los trabajadores, nos tocan a todos”.

“No será para bien”

En la misma línea crítica, Luis Diarte, de Smata, afirmó que el Gobierno “está matando la industria” y que el país atraviesa una pérdida constante de puestos laborales. “Sin dudas, el mundo laboral se tiene que modernizar en algunos aspectos, pero debe haber diálogo y no algo impuesto por el Gobierno directamente”, señaló. El gremialista insistió en que los derechos laborales no deben retroceder y comparó el escenario actual con reformas aplicadas en la década de 1990: “En su momento, el Gobierno bajó impuestos para que las empresas tomen nuevos empleados ¿Cuántos tomaron? Ninguno. La visión que tenemos no es que esta reforma no va a ser para bien. El real problema de la Argentina es la economía”.

LUIS DIARTE: “El problema de fondo sigue siendo la economía”.

En su visita a Tucumán el 16 de noviembre, y luego de reunirse con gremialistas locales y trabajadores de toda la provincia, el secretario general de la UTA nacional, Roberto Fernández, también se refirió a la reforma laboral: “Al texto oficial todavía no lo presentaron; cuando lo presenten y si se ven afectadas las fuentes de trabajo, cada gremio tendrá que elaborar sus medidas”. También sostuvo que el análisis deberá ser en conjunto: “Muchos puntos deberán conversarse bien y eso pertenece al monitoreo que hace la CGT”. Por último, pidió que el Gobierno nacional priorice la situación económica cotidiana de los trabajadores: “La calle está difícil. El Gobierno debe ocuparse más de la microeconomía y de lograr que la gente llegue a fin de mes”.

ROBERTO FERNÁNDEZ: “Cada gremio elaborará sus medidas”.

Negociaciones: el Gobierno pone sobre la mesa el respaldo conseguido en las últimas elecciones

La CGT trataría de voltear algunos de los artículos que más le preocupan, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la prioridad de los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la regulación de las asambleas en las empresas y otros que pondrían en jaque al poder sindical. Aun así, en la administración de Javier Milei advierten que están empoderados por el triunfo electoral y que, pese al diálogo con la CGT, no aceptarán una versión pasteurizada de la reforma laboral.