En la provincia de Tucumán, se presenta una iniciativa que busca regular de manera exhaustiva el uso de los vehículos oficiales en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La propuesta tiene como objetivo principal promover la austeridad, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos, en un momento en que la economía provincial enfrenta desafíos significativos.

El proyecto establece que los vehículos oficiales solo podrán ser utilizados para funciones laborales legítimas y prohíbe su utilización para asuntos personales, familiares o ajenos a las tareas institucionales. Para garantizar el control y la supervisión, cada vehículo deberá estar claramente identificado con leyendas oficiales y contar con un registro digital que documente todos los detalles relevantes: itinerarios, geolocalización, mantenimiento y uso.

Asimismo, se prevén auditorías periódicas que aseguren la transparencia en la administración y uso de estos recursos. Las sanciones por uso indebido serán estrictas, exceptuando los casos de emergencias, seguridad y salud, entre otros. La iniciativa está en línea con experiencias de otras provincias argentinas como Chaco, La Pampa y Entre Ríos, que ya implementaron regulaciones similares, y Mendoza que evalúa propuestas similares.

Esta propuesta busca no solo optimizar los recursos públicos sino también mejorar la percepción de transparencia en la gestión estatal. La intención es que cada uso del vehículo oficial sea justificado, documentado y acorde a las funciones institucionales, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en sus representantes.