La Justicia Federal debe decidir si procesa o no a dos empresarios y a dos de sus empleados por presunta evasión impositiva y presunta evasión de aportes previsionales, y si los acusa de supuesta asociación ilícita tributaria, en el marco de una causa librada contra ellos por el Ministerio Público Fiscal federal.

Se trata de Ricardo Sixto Ansonnaud, Fabio Enrique Seoane y dos empleados, así como las empresas Azucarera La Trinidad S. A., Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguanes SA.

Rotación sucesiva

La causa se originó a partir de fiscalizaciones de la AFIP y procedimientos penales que expusieron un esquema continuado de evasión tributaria y previsional vinculado a la explotación del Ingenio La Trinidad. Según el Ministerio Público Fiscal, “los hechos que conforman el objeto del caso denotan la existencia de un grupo de personas humanas y jurídicas que, al menos desde el año 2011 se dedican a evadir el pago de obligaciones tributarias y previsionales”. Para los investigadores, el mecanismo consistió en la rotación sucesiva de sociedades que explotaban formalmente la planta, hasta quedar vacías de ingresos activos y sin cumplir obligaciones fiscales.

El grupo económico estaría integrado, al menos, por Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA, todas vinculadas a la producción y comercialización de azúcar y derivados. “Estas empresas, luego de un período acotado, eran vaciadas de todo ingreso y actividad, al tiempo que dejaban de cumplir con sus obligaciones fiscales, tributarias y previsionales”, señaló el Ministerio Público Fiscal. Cada una asumía la actividad por un lapso, registraba empleados y operaciones comerciales, y posteriormente quedaba inactiva ante las autoridades tributarias.

Los montos evadidos por IVA y Ganancias superarían los 9 millones de pesos en 2017 y los 109 millones de pesos en 2018, en algunos períodos al menos en una de las firmas, además de sumas millonarias en otros ejercicios y retenciones previsionales impagas; a nivel previsional, sólo en aportes no depositados entre 2017 y 2019 se registran cifras mensuales que, en algunos meses, superan los $ 3 millones.

Varios presuntos delitos

En la investigación intervino también la Procelac, el organismo especializado en criminalidad económica. Su participación implica que se analizan no sólo delitos tributarios inmediatos, sino el eventual diseño estructural de mecanismos de lavado, vaciamiento y desvío de activos, algo habitual en expedientes de larga permanencia.

La figura penal atribuida es asociación ilícita tributaria. Para los fiscales, se trata de un delito autónomo, que “se consuma con la sola circunstancia de formar parte de una asociación ilícita”, sin requerir la consumación de cada delito tributario específico”.

Ansonnaud ha sido calificado por el ministerio público como “organizador” y Seoane como “organizador operativo”

“Actuación absurda”

Arnaldo Ahumada, defensor de Ansonnaud y de las empresas vinculadas, dijo que su defendido no debe “absolutamente nada” porque todas sus obligaciones personales y las de sus empresas están cubiertas bajo un plan de pago de moratoria y blanqueo. “Y todas se están cumpliendo a rajatabla con la anuencia fiscal y la anuencia de la ARCA”, declaró el letrado, enfatizando el cumplimiento riguroso de los planes de pago que llevan tres años en ejecución. El abogado calificó la actuación del Estado como “absurda” y “escandalosa”, especialmente porque el Ministerio Público Fiscal ha continuado recibiendo los pagos del plan de moratoria incluso después de iniciar la causa por asociación ilícita. “Me hace ruido que un Ministerio Público Fiscal armado durante un gobierno supuestamente progresista como ha sido el gobierno del kirchnerismo ahora persiga a los empresarios nacionales”, añadió.

Una fuente judicial dijo que se investigan 12 causas de evasión tributaria agravada. Por ahora se espera la resolución sobre el pedio de procesamiento. Ayer el juez subrogante del Juzgado II, el catamarqueño Guillermo Díaz Martínez, autorizó el pedido de los empresarios para poder viajar fuera del país.