Unas 60.000 familias en Tucumán podrían perder subsidios en sus boletas de luz debido a la recategorización impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación. José Ricardo Ascárate, interventor del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), aclaró que el organismo provincial no otorga ni quita subsidios, sino que comunica a EDET las disposiciones recibidas desde el nivel nacional.

El funcionario señaló que las exclusiones obedecen a casos de “indebida inclusión” de beneficiarios durante el gobierno anterior. Según Ascárate, personas con propiedades y vehículos habrían accedido erróneamente a subsidios destinados a sectores vulnerables.

El impacto de las recategorizaciones y las tarifas sociales
Con el cierre del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) en octubre pasado, la cantidad de usuarios tucumanos en el segmento N1 (ingresos altos) subió de 50.000 a 70.000. En los próximos meses, otros 60.000 usuarios podrían perder el beneficio. No obstante, Ascárate afirmó que ordenó a EDET no facturar sin subsidios hasta verificar cada caso individualmente.

“El problema real no son los usuarios que pierden subsidios, sino los 200.000 tucumanos que reciben tarifas sociales provinciales. Esa es nuestra prioridad”, sostuvo Ascárate.

Segmentación por ingresos y reclamos
El esquema nacional establece que quienes perciben menos de $900.000 (una canasta básica) son considerados de bajos ingresos (N2). Los ingresos medios (N3) oscilan entre 1 y 3,5 canastas básicas, mientras que los ingresos altos (N1) superan ese rango.

Ascárate aclaró que los reclamos por categorizaciones erróneas deben realizarse primero ante la Nación. Si no se resuelven, se tramitan ante el Ersept, que eleva los casos a EDET y a la Secretaría de Energía.

Debate y tensiones políticas
El tema generó críticas de legisladores tucumanos y un amparo colectivo impulsado por el diputado Carlos Cisneros. La Justicia ordenó al Ersept responder a los reclamos en un plazo de 15 días. Ascárate defendió la gestión provincial y consideró que el problema trasciende Tucumán, afectando a varias provincias.

La situación deja en evidencia tensiones políticas y sociales, mientras miles de usuarios esperan una solución en el marco de un sistema de subsidios cada vez más limitado.