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Concejales opositores reclamaron mayor mantenimiento urbano tras el accidente de un menor

José María Canelada y Gustavo Cobos aseguraron que el Estado llega tarde a los reclamos vecinales y pidieron una política preventiva para evitar nuevos hechos vinculados al deterioro de la infraestructura pública.

Por Tendencia de Noticias · 2026-08-03T19:51:30.512Z

Los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos cuestionaron la respuesta de los organismos públicos tras el accidente sufrido por un niño de tres años que cayó en una boca de registro sin tapa, cubierta por líquidos cloacales y sostuvieron que el episodio evidencia un problema estructural vinculado al deterioro de la infraestructura urbana y la falta de prevención por parte del Estado.

A través de un comunicado, los ediles señalaron que lo ocurrido no constituye un hecho aislado, sino la consecuencia de una serie de falencias que, según afirmaron, se repiten desde hace años en distintos barrios de la capital. "El abandono de la infraestructura urbana y la reacción tardía del Estado se han vuelto situaciones demasiado comunes. Los vecinos reclaman durante meses o años, pero las respuestas aparecen recién cuando alguien resulta herido. ¿Tiene que pasar una tragedia para que el Estado llegue rápido?", plantearon.

"No es solamente una tapa faltante"

En primer término, Canelada expresó su solidaridad con la familia del menor y remarcó que el episodio no puede reducirse únicamente a la ausencia de una tapa de registro. "Lo primero es solidarizarnos con el niño y con toda su familia. Esperamos que pueda recuperarse pronto. Pero no podemos mirar lo ocurrido como un hecho aislado ni reducir todo a la falta de una tapa. Había una abertura peligrosa, líquidos cloacales, falta de señalización y vecinos que venían reclamando. Es una combinación de riesgos que el Estado tenía la obligación de prevenir", sostuvo.

El concejal afirmó que situaciones similares fueron denunciadas reiteradamente en distintos puntos de la ciudad y citó como ejemplo la calle Monteagudo. "Durante años, la calle Monteagudo, entre el 1300 y el 1800, se convirtió reiteradamente en un río de líquidos cloacales que ponía en riesgo a motociclistas, ciclistas y peatones", señaló.

Según agregó, el mismo escenario se replica en sectores como Villa Alem, Villa Amalia, el barrio Echeverría y otras zonas de San Miguel de Tucumán. "Cambian los barrios, pero la respuesta es siempre la misma: los vecinos reclaman, los organismos se pasan la responsabilidad y las soluciones llegan tarde. No se trata de una contingencia excepcional, sino de una falta estructural de mantenimiento, control y planificación", afirmó.

Críticas a la explicación de la SAT

Por su parte, Cobos cuestionó la explicación brindada por la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que atribuyó la ausencia de tapas al robo de esos elementos. "Los robos pueden existir y deben investigarse, pero no pueden utilizarse como una explicación para todo. Hay bocas sin tapa, pero también hay estructuras deterioradas, tapas hundidas, pozos que se agrandan, calles que ceden, pérdidas de agua y líquidos cloacales que permanecen durante meses. El problema no empieza ni termina con el robo de una tapa", expresó.

En ese sentido, sostuvo que, aun cuando una tapa haya sido sustraída, los organismos públicos tienen la obligación de actuar de manera inmediata para evitar accidentes. "Tiene que detectar el peligro, señalizarlo inmediatamente y reparar la infraestructura. No puede dejar un pozo abierto hasta que un vecino lo denuncie diez veces o hasta que alguien caiga adentro", remarcó.

Asimismo, insistió en que las tareas de mantenimiento deben ser preventivas y no una reacción posterior a un hecho grave. "No podemos naturalizar que las soluciones aparezcan solamente después de que alguien termina herido. El Estado tiene que prevenir, relevar, mantener, controlar y reparar antes de que las consecuencias sean irreversibles", afirmó.

Finalmente, Cobos también cuestionó que una empresa estatal invoque la inseguridad para justificar la falta de mantenimiento de la infraestructura. "Es contradictorio que la SAT responsabilice a los robos cuando es el mismo Gobierno provincial el que debe mantener la infraestructura y garantizar la seguridad. Más que explicar por qué no actuaron, se tiran la pelota entre organismos mientras los vecinos siguen expuestos", concluyó.