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Denunciaron presuntas irregularidades en retiros voluntarios del Ministerio de Justicia y pidieron investigar si el esquema se replicó en el PAMI
La presentación judicial apunta a exfuncionarios y actuales autoridades del organismo previsional. El escrito plantea posibles delitos contra la administración pública, aunque aclara que se trata de hipótesis que deberán ser investigadas. Desde el Gobierno rechazaron las acusaciones.
Por Tendencia de Noticias · 2026-08-07T13:58:56.302Z
La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades vinculadas con la implementación del plan de retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025, y determinar si ese mismo esquema administrativo pudo haber sido trasladado posteriormente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
La presentación fue realizada por el periodista e investigador Fernando Miguez, en su carácter de presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien además solicitó ser aceptado como querellante en la causa.
El escrito menciona a María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del organismo; al abogado Danilo Sergio Montevidoni; a Emilio Zicavo, y a otras personas que pudieran ser identificadas durante la investigación.
La denuncia solicita que se analice la posible comisión de delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales.
El propio escrito aclara que los hechos expuestos constituyen hipótesis que deberán ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado interviniente, y que no implican afirmaciones categóricas de culpabilidad.
Uno de los principales ejes de la presentación se concentra en la operatoria utilizada para desvincular personal contratado a través del ente cooperador ACARA.
Según la denuncia, la normativa vigente establecía que las extinciones de las relaciones laborales debían formalizarse mediante escritura pública ante escribano.
Sin embargo, el denunciante sostiene que, en la práctica, se habrían realizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
De acuerdo con el planteo judicial, esa modalidad habría dado lugar a la facturación y percepción de honorarios profesionales que no estaban previstos en la resolución oficial.
La presentación también incorpora testimonios según los cuales un número importante de trabajadores habría sido representado por un mismo abogado patrocinante al que, presuntamente, no habrían elegido de manera libre y directa.
El escrito menciona además supuestos vínculos societarios y relaciones profesionales entre algunas de las personas señaladas, y cuestiona la falta de respuesta a pedidos de acceso a la información pública relacionados con los montos y las condiciones del plan de desvinculaciones.
Asimismo, la denuncia hace referencia a una sentencia judicial previa que habría ordenado al Ministerio de Justicia entregar documentación vinculada con esos requerimientos de información.
Otro de los puntos planteados es la necesidad de analizar presuntas inconsistencias patrimoniales y el supuesto uso no justificado de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado nacional.
La presentación también pide determinar si el posterior traslado de exfuncionarios del Ministerio de Justicia hacia cargos de conducción en el PAMI implicó la aplicación dentro del organismo de un esquema similar de gestión administrativa y desvinculación de personal.