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El "verdugo de los usuarios" bajo la lupa: con encendidas críticas, la Legislatura autorizó la licitación de las acciones de EDET
El Parlamento tucumano convalidó por 41 votos a favor y 4 en contra la prórroga técnica para subastar el control de la distribuidora monopólica, en medio de un crudo debate sobre la cartelización, la usura impositiva y el desamparo de la clase media ante el costo de un servicio deficiente.
Por Tendencia de Noticias · 2026-08-26T15:54:31.550Z
La extrema precariedad del servicio eléctrico, el agobiante peso impositivo sobre las facturas y la desprotección del consumidor dominaron el debate en el recinto tucumano durante una sesión comandada por el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, donde finalmente se convalidó mayoritariamente el nuevo cronograma administrativo para el llamado a licitación pública nacional e internacional del paquete accionario de la empresa distribuidora EDET S.A. Pese al extendido repudio de los legisladores hacia el desempeño de la firma monopólica, a la que diversos bloques tildaron sin rodeos de ser "el verdugo de los usuarios", el cuerpo parlamentario optó por sancionar la prórroga —con un resultado de 41 voluntades a favor y 4 en contra— para evitar un vacío legal y encauzar el proceso de selección de un nuevo operador técnico con el marco tarifario ya definido para el próximo decenio.
Para comprender la urgencia de esta medida, es necesario repasar el origen técnico de la mora administrativa informada por el Poder Ejecutivo. El proyecto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad propuso homologar el Acta Acuerdo firmada el 10 de agosto de 2026, reconociendo la imposibilidad de cumplir con los plazos previstos en la Ley N° 9.913 de septiembre de 2025. Dicha norma anterior había fijado plazos licitatorios para comienzos de 2026, los cuales vencieron sin concreción debido a las dilaciones del Ente Único de Control y Regulación (ERSEPT) para dictar la Revisión Tarifaria Integral (RTI), finalmente aprobada en abril de este año mediante la Resolución 240/2026.
Ante este escenario, el nuevo instrumento redefinió los plazos contractuales, postergando de manera improrrogable el llamado a licitación para el 30 de septiembre venidero y el vencimiento del segundo período de gestión para el 4 de abril de 2027, manteniendo el vencimiento definitivo de la concesión para el 4 de agosto de 2085.
El presidente de la Comisión de Energía y Comunicación, Alberto Olea, defendió el dictamen favorable unánime de la comisión señalando que el tratamiento es un paso imperativo para ordenar el proceso legal de la red. Olea recordó que la historia del servicio se remonta a 1995, con la sanción de la ley 6608 de marco regulatorio. “La Ley 6608 estableció una duración de 90 años a la empresa, la cual se dividió en periodo de gestión, primero de 20 años, luego sucesivamente en periodo de 7 y de 10 años. El vencimiento de la misma sería en el año 2085...”, detalló el legislador, al aclarar que al expirar cada etapa, la provincia retoma las acciones Clase A para poner a competir al mercado. Olea justificó la prórroga de los plazos por la complejidad de la RTI a cargo del ERSEPT: “Al haberse iniciado el proceso al llamado, pero no habiendo podido efectuar la licitación en el plazo estipulado, no se pudo cumplir con las pautas establecidas en el contrato de concesión, por lo cual se solicita la prórroga...”.
Desde una postura sumamente crítica, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) denunció el desbalance contractual crónico que favorece a la firma privada. “La cancha está inclinadísima con este contrato, tan inclinada que lo único que hacemos con los periodos estos de gestión es darle la posibilidad a la empresa que cuando se quiera tomar el buque se lo tome y se vaya”, criticó Elías de Pérez, enumerando los sucesivos traspasos entre chilenos, catalanes, Unión Fenosa, "fondos buitres" y ahora el grupo Edison.
La parlamentaria cuestionó las tarifas impagables y el cobro ilegal de cargos fijos escalonados instrumentados de espaldas al marco regulatorio a través de la Resolución 645/20 del ERSEPT, así como las leoninas multas por mora del 5% mensual frente a un IPC de 2,5%. Al contrastar con otras provincias, Elías de Pérez expuso que en Jujuy la suspensión se ejecuta tras la segunda factura impaga más 20 días de prórroga, en el AMBA se exige un preaviso de 24 horas y en Mendoza la reconexión tras el pago de la deuda demora menos de 4 horas o la distribuidora afronta sanciones severas. “Cuando una familia pierde la luz, no solamente pierde la luz, pierde la posibilidad de conservar sus alimentos, pierde horas de trabajo, pierde dignidad”, resumió.
Por su parte, el legislador peronista Hugo Ledesma cargó contra el "atropello" cotidiano que padecen los tucumanos por los abusos en la facturación y la destrucción de electrodomésticos debido a las sobrecargas de tensión. “Cobran lo que quieren y hay que pagar si se puede y después protestar de que arruinan los electrodomésticos de la familia con los cortes o con las sobrecargas y luego no quiere hacerse cargo la empresa”, expuso Ledesma. El legislador advirtió con pesar que “la cancha está totalmente inclinada para que EDET siga estando como está hoy conformada”, lamentó que la vigencia del contrato original hasta el 2085 parece condenar a la provincia a la persistencia del actual esquema monopólico si no se produce una revisión de fondo.
El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse abordó el asfixiante endeudamiento de los hogares que caen en las redes financieras de la propia empresa. En este marco, describió la desesperación de la clase media tucumana ante lo que definió como una “arena movediza de la que no pueden salir”, provocada por la refinanciación de deudas acumuladas de consumo eléctrico. “Es real que van en cohete espacial a cortarte el servicio y en burro marcha atrás a reconectarlo después y eso genera un enorme impacto negativo en calidad de vida de la gente”, ironizó el legislador, justificando su caracterización de EDET como “el verdugo de la clase media baja de los tucumanos”. Aunque Vargas Aignasse defendió la necesidad de aprobar la prórroga para cumplir con el postulado originario de la Ley 6608, no ahorró críticas a la demora de la gestión del anterior interventor del ERSEPT (Ricardo Ascárate), que recién inició los trámites de privatización el 9 de enero de 2026 cuando debió haber llamado a licitación el 13 de enero.
En tanto José Seleme (Avanza Tucumán) adelantó su voto favorable bajo estrictas condiciones de fiscalización: “Queremos que el 30 de septiembre haya licitación pública nacional, internacional, sea lo más clara posible, lo más transparente, que sea un ejemplo y algo muy importante que esta Legislatura esté informada paso a paso...”. Sin embargo, el consenso se quebró con el rechazo del legislador Manuel Courel, quien justificó su voto negativo denunciando la opacidad del proceso y la falta de balances sobre los compromisos de obras. “¿Por qué no se cumplió es la pregunta? Y esa respuesta no la tenemos. El parlamentario cuestionó además la falta de datos sobre el cumplimiento del Plan Eléctrico Integral de Tucumán 2016-2026 y la falta de información sobre quiénes integran el consorcio Edison Energía que controla la empresa, y concluyó que tanto EDET como la SAT actúan como “los verdugos de todos los usuarios de Tucumán”.
La rigurosa exposición técnica del legislador José Cano (Radicalismo Federal) desnudó las asimetrías tarifarias de la región y la elevada presión fiscal local. Cano desmitificó el valor técnico de la boleta, señalando que la tarifa promedio no está desfasada a nivel país, pero denunció que el verdadero problema radica en la drástica devaluación de los salarios y en la coexistencia de tarifas más caras que en provincias vecinas administradas por el mismo grupo económico.
“En Tucumán pagamos más caro el KW/hora que lo que paga Jujuy siendo la misma empresa”, denunció Cano, atribuyendo este encarecimiento a compras de energía mayorista fuera de sistema y a una carga impositiva provincial inusitada. El legislador citó estudios universitarios para detallar que Tucumán es la tercera provincia con mayor usura impositiva en energía del país, con tasas del 3,7% a la generación, 2% al transporte, 3,75% a la distribución y 6,5% a la venta mayorista, duplicando la carga fiscal de Jujuy. A esta realidad le sumó el impacto del Fondo de Desarrollo del Interior (Ley 8342) y el traslado directo a la boleta del Cargo por Alumbrado Público (CAP) de San Miguel de Tucumán mediante la ordenanza 5414.
Desde la bancada de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi también fundamentó su voto en contra al cuestionar la inestabilidad regulatoria del Gobierno. “Simplemente nos oponemos que sesión tras sesión tenemos que convalidar desprolijidades e improvisación por parte del Poder Ejecutivo”, acusó Bussi, reclamando que la falta de normas claras y las constantes prórrogas destruyen la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones. “Se interviene el organismo de contralor, con lo cual lo han convertido en un sello de goma que no controla nada, como dije antes, sino que es un simple representante del Poder Ejecutivo y no de la gente”, fustigó.
Finalmente, el cierre del debate parlamentario estuvo a cargo de Roque Álvarez, quien defendió la legalidad de la homologación como una acción puramente técnica para dar cumplimiento a la Ley 6608. Álvarez reconoció que la empresa mantiene una “posición dominante, toda vez que es la única. No podemos ir en busca de mejores precios a otra distribuidora porque no existe”, y repasó la historia de la privatización de 1994, cuando la Nación traspasó Agua y Energía a cambio de que Tucumán privatizara el Banco de la Provincia y entregara la órbita de las jubilaciones locales. Álvarez explicó que las acciones Clase A solo se adjudicarán a un operador técnico habilitado con experiencia de escala superior a los 450.000 medidores que tiene Tucumán, y concluyó atribuyendo el encarecimiento de las boletas a la política macroeconómica nacional: “los sueldos son nacionales y los precios de los que nos proveen energía son internacionales y ahí empezamos con los desajustes”.