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Jaldo confirmó que acatará el fallo judicial sobre el IPLA y Dante Loza respaldó la postura oficial
El gobernador adelantó que el Ejecutivo respetará la decisión judicial que otorgó 60 días para finalizar la intervención del organismo. El interventor aseguró que la decisión final está en manos del mandatario y de la Fiscalía de Estado.
Por Tendencia de Noticias · 2026-08-13T18:20:10.707Z
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el Poder Ejecutivo tucumano acatará el fallo dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el cual le otorga a la Provincia un plazo de 60 días para poner fin a la intervención administrativa del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).
“Yo soy muy respetuoso de la división de poderes y, fundamentalmente, un convencido de que a los fallos judiciales hay que cumplirlos. Y este gobernador va a cumplir el fallo que ha salido de la justicia de la provincia de Tucumán”, aseguró Jaldo en una conferencia de prensa. Además, aseguró que el fallo será remitido a la Fiscalía del Estado para determinar los pasos a seguir, siempre "dentro del marco de la legalidad".
La posición de la conducción del IPLA
Consultado sobre la resolución judicial, el actual interventor del IPLA, Dante Loza, coincidió con la postura del gobernador y remarcó la subordinación institucional respecto a la conducción del Ejecutivo.
“Eso lo decidirán las autoridades correspondientes, quienes me designaron”, respondió a Tendencia de Noticias al ser consultado sobre la necesidad de normalizar el organismo. En ese sentido, señaló que la decisión está en manos tanto del gobernador como de la Fiscalía de Estado.
Por otra parte, Loza también opinó sobre la propuesta del legislador José Seleme de eliminar el IPLA. “Si él piensa eso, me parece que está equivocado. Pero bueno, cada uno es dueño, ¿no?”, declaró.
Las razones del fallo judicial contra la intervención del IPLA
El pronunciamiento de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por los jueces Sergio Gandur y Ebe López Piossek, hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por propietarios de salones de fiestas y espacios de entretenimiento contra la Provincia y el ente regulador.
En los fundamentos de la sentencia, los magistrados argumentaron que la intervención administrativa mantuvo un carácter "excepcional" y "transitorio" por más de 20 años, lo cual distorsionó el esquema original de conducción que fija la ley correspondiente.