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Jaldo defiende con firmeza sus facultades constitucionales y vetó el sistema de evaluación de leyes sancionado por la Cámara
El gobernador tucumano rechazó de plano el Sistema de Monitoreo Post Legislativo al argumentar una invasión de sus competencias constitucionales de administración, dejando sin efecto una norma que había alcanzado un histórico consenso unánime en la Legislatura.
Por Tendencia de Noticias · 2026-08-20T19:12:16.289Z
La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de vetar en su totalidad la ley que creaba el Sistema de Monitoreo Post Legislativo instala la sensación de un nuevo e inminente choque entre los poderes del Estado en Tucumán. El freno del Poder Ejecutivo se fundamenta en la presunta inconstitucionalidad de la norma, al advertirse que la Legislatura avanzó sobre facultades de administración y ejecución que son de competencia exclusiva del Ejecutivo provincial, violando de este modo el principio de división de poderes. Esta determinación expone una fuerte discrepancia política e institucional con el propio vicegobernador y titular de la Cámara, Miguel Acevedo, quien en torno a esta iniciativa había defendido firmemente el rol de control del cuerpo al sostener que "entendemos que las leyes que sancionamos deben ser medidas y evaluadas para conocer el impacto que producen en la sociedad y verificar que cumplan el efecto para el cual fueron creadas".
La norma vetada buscaba institucionalizar un mecanismo permanente para analizar la eficacia y los resultados prácticos de las leyes tucumanas, evitando que queden en letra muerta. Sin embargo, el decreto de rechazo total firmado por el Mandatario y su ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, sostiene que el diseño del sistema desborda el control parlamentario y asume funciones de ejecución que corresponden privativamente al Ejecutivo. El conflicto radica en saber hasta dónde puede llegar el Poder Legislativo para fiscalizar la aplicación real de las normas sin entrometerse en la gestión diaria del Gobierno provincial.
En los considerandos del Decreto N° 1.939/14 (MGyJ) ingresado este jueves a la Cámara, el Ejecutivo tucumano estructuró su rechazo partiendo de los límites constitucionales. Jaldo y Amado argumentaron que, bajo el artículo 3° de la Constitución Provincial, "los poderes que esta Constitución establece, no pueden adoptar disposiciones en su contra, ni ejercer otras atribuciones que las que la misma les confiere, ni delegarlas implícita ni explícitamente en otros poderes o particulares". Para sostener la defensa de la competencia del Ejecutivo, los fundamentos recurren al constitucionalista Germán Bidart Campos, al señalar que “el reparto de órganos y funciones determina ámbitos propios de actuación, de manera que cada órgano debe ejercer sus atribuciones dentro de la esfera de competencia que el orden constitucional le reconoce”.
Esta postura colisiona directamente con el diseño de la ley aprobada. El proyecto establecía en su artículo 1° la creación del “Sistema de Monitoreo Post Legislativo, con el objeto de monitorear, evaluar y medir el grado de implementación, cumplimiento, eficacia, eficiencia, impacto y resultados de las leyes sancionadas por este Poder Legislativo”. Según la interpretación oficial de la Casa de Gobierno, aunque la Legislatura intente dotarse de herramientas sistemáticas de control, el alcance de la ley avanza sobre la órbita de aplicación práctica de las normas. En el dictamen que avaló el veto, se afirma que “si bien el proyecto sancionado persigue una finalidad legítima de control legislativo sobre la ejecución de las leyes, incorpora mecanismos que exceden la función de seguimiento político-institucional y se traducen en el ejercicio de facultades de administración y ejecución que la Constitución de Tucumán reserva privativamente al Poder Ejecutivo (artículo 101, inciso 3)”.
¿Control parlamentario o superposición de funciones?
La ley vetada contemplaba acciones concretas que, según el Ejecutivo, cruzaban la delgada línea entre el control político y la gestión de gobierno. Por ejemplo, el artículo 4° autorizaba al sistema a “requerir informes periódicos a los organismos competentes en la ejecución de las leyes”. Además, creaba el “Laboratorio de Medición de Impacto integrado por tres Legisladores designados por la Presidencia de la Cámara cuya misión será ejecutar las tareas técnicas del sistema”.
Para el gobierno de Jaldo, estas atribuciones desvirtúan el equilibrio constitucional. El veto recalca que el artículo 101 de la Constitución reserva al Gobernador la potestad de “expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes”. No obstante, el Ejecutivo buscó suavizar el impacto del veto aclarando que “corresponde el veto al Proyecto de Ley sancionado, sin que ello implique desconocer la legitimidad ni la utilidad del control parlamentario sobre la gestión de gobierno”. En los fundamentos firmados por Jaldo y Amado se expresa que “se valora la facultad de la Legislatura de conocer el grado de cumplimiento, implementación, impacto y resultado de las leyes que sanciona, en tanto integra el sistema de frenos y contrapesos propio del Estado de derecho”, pero que la estructura planteada desbordaba irremediablemente dicho límite.
El unánime consenso legislativo que cayó en el olvido
La controversia política adquiere mayor significado si se tiene en cuenta que la norma había sido sancionada por absoluta unanimidad en la sesión del pasado 30 de julio. En aquella oportunidad, parlamentarios de todas las bancadas habían coincidido en que era una herramienta indispensable para mejorar la calidad democrática.
Durante el debate legislativo, la autora de la iniciativa, la peronista Carolina Vargas Aignasse, había afirmado que “lo importante no solamente es la cantidad de leyes; lo importante es la calidad”. En sintonía, la opositora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) la calificó como “una ley de una importancia extraordinaria” y advirtió con dureza que las normas no debían “ir a dormir el sueño de los mártires” ni quedar “debajo del escritorio del gobernador”. En tanto, Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) celebró el proyecto argumentando que existen “muchas leyes olvidadas... que caen en el olvido porque nunca se aplicaron”, y enumeró los casos de las normas de juego responsable, adicciones y dislexia. Asimismo, José Cano (Radicalismo Federal) apuntó a la autocrítica institucional al sostener que “la gente descree del Poder Legislativo. Tenemos responsabilidad por eso creo que esta ley suma”, mientras que Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán) remarcó que se buscaba “asumir compromisos para mejorar la visión que tiene el ciudadano del Poder Legislativo”.
La decisión de Jaldo promete resentiría las relaciones políticas dentro del parlamento tucumano. Al haberse tratado de una norma que cosechó el respaldo unánime de oficialistas y opositores, el veto total caería con un fuerte impacto negativo en todos los bloques legislativos. La mayor incomodidad recaería en las filas del propio peronismo, dado que la iniciativa fue diseñada y defendida por Vargas Aignasse, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales y una de las espadas legislativas del justicialismo en el recinto. Ahora, la Legislatura se enfrenta al dilema de aceptar la impugnación constitucional del Gobernador o insistir con la ley, lo que profundizaría un conflicto de poderes con las posibles consecuencias institucionales que podrían derivar de ello.