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La justicia condenó al apropiador del nieto 128 y pidió al Ejecutivo sostener el Banco de Datos Genéticos
Marcos Ramos fue secuestrado en la última dictadura militar, cuando era un bebé. Su medio hermano lo buscó y lo encontró en 2018. El militar que lo entregó a su apropiador cumplirá la condena con tobillera electrónica
Por Tendencia de Noticias · 2026-08-19T18:22:51.903Z
Carlos Alberto Vega, ex capitán de Inteligencia del Ejército, fue condenado este miércoles a 12 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento del tucumano Marcos Ramos, el nieto recuperado número 128. En el fallo, el tribunal Oral Federal también solicitó al Poder Ejecutivo Nacional “la preservación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos”.
El hecho que se juzgó ocurrió en 1976, durante la dictadura cívico militar, cuando un grupo de tareas secuestró a los medio hermanos Marcos Ramos, de un año, y Elías Ismael Suleimán, de ocho.
La madre de ambos, Rosario del Carmen Ramos, fue secuestrada en varias ocasiones y vista por última vez a finales de 1976. Su padre, Pastor Dante Campos, se encontraba en la clandestinidad al momento del nacimiento de Marcos y permanece desaparecido.
Tras ser llevados a una casa en Tafí Viejo, los hermanos fueron separados. Elías logró huir, pero Marcos fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, personal civil de Inteligencia, quien lo inscribió falsamente como hijo suyo y de su esposa, Ilda Sánchez, ambos fallecidos en la actualidad.
Marcos fue criado con una identidad falsa y bajo violentos castigos. Gracias a la incesante búsqueda de su medio hermano, recuperó su identidad en 2018.
El apropiador de Marcos se desempeñaba como informante civil bajo el mando de Vega, quien le entregó el bebé secuestrado. El ex militar no sólo fue condenado por esta apropiación, sino también por el intento de adulterar el estado civil del mayor de los hermanos. Ambos delitos fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Vega cumplirá la pena con monitoreo electrónico.
El fallo reconoce que “la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del estado argentino derivada de sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
Por ello, recomendó al Poder Ejecutivo Nacional adoptar “todas las medidas necesarias” para asegurar la continuidad de las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la identidad y la búsqueda de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado, y especialmente “la preservación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de los archivos documentales relacionados con el terrorismo de Estado, de los equipos especializados de investigación dedicados a la búsqueda e identificación de las personas y de los registros públicos relacionados con ese proceso”.
Finalmente, se ordenó una reparación integral de las víctimas y que se garantice la continuidad de los tratamientos psicológicos de ambas víctimas.
El tribunal que dictó la sentencia estuvo compuesto por Ana Carina Farías, Cristina Edith Giordano y Federico Bothamley. L acusación, representada por el fiscal Pablo Camuña, la auxiliar fiscal Valentina García Salemi y el fiscal coadyuvante Patricio Rovira, había solicitado una condena de 17 años de cumplimiento efectivo.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 26 de agosto, a las 14.